Estado de excepción y chantaje sindical

El sábado 20 de junio el país amaneció con la noticia de que se había dictado el estado de excepción. El estado de excepción en Bolivia ya no era una opción debatible, sino una medida de supervivencia urgente para un país colapsado por bloqueos criminales y una ciudad cercada. Con la libre circulación y el derecho al trabajo secuestrados por intereses sectoriales que estrangulan la economía nacional, ¿qué más se podía hacer? Ante el desabastecimiento, la inflación y la paralización productiva, el uso de la fuerza legítima del Estado es la única vía para devolver la paz a los ciudadanos. Sin embargo, este paso firme hacia el orden se estrella contra una realidad política alarmante: el reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB), un pacto que sella la claudicación del poder político ante el sindicalismo prebendal.
La COB ninguna elección ha ganado, no ha logrado el poder por la vía democrática, pero, a través de sus presiones disfrazadas de diálogo, ha instaurado una suerte de cogobierno mediante el chantaje sistemático. El precio de este acuerdo es altísimo para el futuro del país, pues hipoteca la soberanía democrática y las prerrogativas del Legislativo. Con este pacto, la dirigencia cobista ha logrado congelar las reformas estructurales que la economía boliviana necesita con desesperación para salir de su profunda crisis. Se ha blindado el modelo rentista, un sistema caduco que premia la lealtad política por encima de la eficiencia productiva, condenando al aparato estatal a la quiebra técnica para sostener los privilegios de unos cuantos sectores corporativos.
Todos quienes conocen de economía y política saben perfectamente que el saneamiento de las finanzas públicas y las instituciones pasaba sí o sí por reformas estructurales y de shock, pero con este acuerdo Gobierno-COB esas reformas se postergan para las calendas griegas.
El resultado de esta capitulación es una peligrosa distorsión democrática. A partir la COB para cuestionar y aun vetar cualquier reforma económica, tributaria o laboral profunda; con esto, en realidad el gobierno legítimamente constituido ya no gobierna, sino que primero la COB ve si acepta lo que se propone. Esta dinámica despoja al Ejecutivo de su rol constitucional de administrar el Estado, subordinando el bienestar general al veto de una cúpula sindical. En términos prácticos, la COB controla las decisiones estratégicas del Gobierno, aunque con una ventaja perversa: lo hace sin asumir un ápice de la responsabilidad administrativa, fiscal o política que conlleva gobernar. Si el país se hunde, la culpa será de las autoridades electas; si el statu quo rentista se mantiene, el beneficio será del sindicato.
Restaurar el orden público mediante el estado de excepción es inútil si, al mismo tiempo, la Bolivia democrática y que quiere trabajar deja que se cedan las llaves de la economía a quienes bloquean el progreso desde adentro. Es un círculo vicioso bastante perverso y oscuro en el que se está ahora. Es importante decir que Bolivia no podrá superar su asfixia económica mientras el interés general siga secuestrado por el sindicalismo. Sin embargo, también cabe recordar que la culpa de todo el descalabro también la tienen todos los partidos políticos en vigencia, que reclutan caudillos sin ideología ni militancia orgánica, pues al final terminan siendo títeres de personajes sin elevación intelectual ni espiritual.