Ante los 47 días de bloqueos, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) sugirió al Gobierno nacional a diseñar con celeridad un Plan de Emergencia Económica que sea elaborado de manera integral y participativa, que incluya a todos los sectores y regiones del país.
“(…) que atienda a todos los sectores y regiones, sin exclusiones ni privilegios; que sea coherente y estructurado, evitando medidas dispersas que alivien a unos en detrimento de otros; que incorpore la participación activa de todo el sector privado, nacional y departamental, a través de la institucionalidad empresarial; y que considere la estabilidad fiscal y financiera del país como condición de cualquier recuperación duradera”, señala el comunicado de los empresarios.
Expresan su preocupación al Gobierno, pese a las consecuencias devastadoras de los bloqueos no solo para los sectores, las regiones y la población, sino para los propios recursos del Estado, aún no toma las medidas que le faculta la ley para impedir que estos grupos reducidos sigan provocando impunemente un daño tan profundo al país.
Emergencia
Mientras tanto, el empresariado paceño se declaró en estado de emergencia y exige acciones efectivas con el objetivo de reactivar la economía departamental.
“Expresamos nuestro sincero respaldo a aquellos sectores sociales e institucionales que han decidido deponer las medidas de presión y optar por la concertación como única vía democrática. El entendimiento mutuo es indispensable para resguardar la paz social, estabilizar la economía nacional y proteger el bienestar de todas las familias bolivianas”, indica el escrito.
Lamentan la persistencia de conflictos y la falta de soluciones de fondo, que continúan estrangulando al aparato productivo regional. Las pérdidas millonarias acumuladas por la interrupción de las cadenas de suministro han colocado a cientos de empresas comerciales, industriales, logísticas y de servicios al borde de la quiebra técnica, amenazando la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
También advierten que la inestabilidad en las principales rutas viales, restringe directamente el comercio lícito, debilita la confianza de los mercados, desalienta nuevas inversiones y genera un agudo desabastecimiento de insumos clave.
“El Departamento de La Paz no puede consolidarse como rehén de disputas políticas que paralizan su derecho fundamental al trabajo y a la libre transitabilidad”, reclama.
Ante ese contexto, los empresarios del departamento piden la ejecución de un plan de emergencia nacional, al igual que la Confederación. “Diseñar e implementar de manera inmediata políticas macroeconómicas y sectoriales coordinadas que den soluciones reales a la crisis actual”, sugieren.
También exigen aplicar con firmeza los mecanismos legales necesarios para garantizar la seguridad jurídica, el libre tránsito de las mercancías y el normal funcionamiento de las actividades económicas.
Exhortan pasar del diálogo a la concreción de acuerdos reales y medibles, donde el sector privado sea parte activa en la formulación de estrategias orientadas a recuperar la competitividad y salvaguardar el empleo.
47 días
La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz asegura que la crisis tiene nombre propio, y recae en las pequeñas empresas que ya cerraron, así como en inversiones frenadas en seco, cargas varadas, contratos incumplidos, cadenas logísticas colapsadas y familias que sienten el costo real de un país paralizado.
“Quedan deudas que alguien tendrá que responder. La cosecha perdida del productor. El contrato incumplido. El capital perdido de los bolivianos que tuvieron la valentía y la osadía de emprender”, sostiene el comunicado.
La reactivación económica, la vamos a demandar, proponer y, como siempre, trabajar. Pero cada día que la plena normalidad se posterga, suma una factura que hoy pagan miles de familias bolivianas y sus empresas, advierte.
“Cuando las rutas están bloqueadas, la carga detenida y el abastecimiento interrumpido, las empresas enfrentan algo más grande que un simple retraso. Enfrentan una condición de fuerza mayor que requiere respaldo, flexibilidad y medidas excepcionales”, resaltan.
Ante ese escenario, exigen desbloquear de forma definitiva las rutas. Transitabilidad irrestricta como derecho para los medicamentos y los alimentos, para la industria y el comercio, para los trabajadores y los productores, así como para todos los bolivianos, de acuerdo con la Cainco.
“No habrá abastecimiento sin combustible. No habrá empleo sin producción. No habrá reactivación sin rutas abiertas. Y no habrá futuro mientras trabajar sea una carrera de obstáculos”, agregó.