Bolivia se encuentra en el puesto 92 de 163 países en el Índice Global de Paz 2026. Desde una perspectiva económica y financiera, el Global Peace Index (GPI) deja una enseñanza relevante para Bolivia: la paz es un activo estratégico y una ventaja competitiva para el desarrollo, de acuerdo al análisis del analista económico Fernando Romero.
Asegura que el país aún conserva una posición intermedia favorable dentro de la región, pero los recientes conflictos sociales, la incertidumbre política y las tensiones económicas representan riesgos que pueden afectar tanto su clasificación internacional como en su desempeño económico.
“Si Bolivia logra transformar la estabilidad social en una política de Estado, acompañada de disciplina macroeconómica y fortalecimiento institucional, no solo podrá mejorar su posición en el GPI, sino también reducir su riesgo país, atraer mayores inversiones y generar un crecimiento económico más sostenible e inclusivo en el largo plazo”, explica.
Según el Global Peace Index (GPI) 2026, Bolivia ocupa el puesto 92 de 163 países, con una puntuación de 2.054, descendiendo dos posiciones respecto al informe anterior. Dentro de Sudamérica, se ubica detrás de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina, pero por encima de Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador y Colombia. En América Latina puede considerarse un país de paz media, lejos de los mejores desempeños regionales, pero también distante de los países con mayores problemas de violencia, detalla.
La posición de Bolivia puede calificarse como moderada, pero con señales de deterioro. Para los organismos internacionales e inversionistas, el país sigue siendo relativamente estable en comparación con economías afectadas por conflictos armados o altos niveles de violencia criminal, aunque el aumento de la conflictividad social y política genera preocupación, sostiene.
Como se recuerda, Colombia enfrenta movimientos armados, a comparación de Bolivia, pero en el último mes se vio amenazada por grupos terroristas y movimientos sociales que buscan desestabilizar el orden constitucional.
Romero observa que una caída sostenida en el ranking puede deteriorar la percepción sobre gobernabilidad, estabilidad institucional y seguridad jurídica, elementos fundamentales para atraer inversiones y generar crecimiento económico sostenible.
El Índice de Paz Mundial 2026 confirma que el mundo atraviesa uno de los periodos de mayor incertidumbre geopolítica desde la Segunda Guerra Mundial. La paz global empeoró un 0,7% durante el último año, acumulando 12 años consecutivos de deterioro y 15 retrocesos en los últimos 18 años.
El costo económico mundial de la violencia alcanzó los 21,8 billones de dólares, equivalente al 10,5% del PIB mundial o 2.657 dólares por habitante. Paralelamente, el número de desplazados forzosos supera los 117 millones de personas y la desigualdad entre los países más pacíficos y los menos pacíficos continúa ampliándose.
Tendencias en Latinoamérica y el Caribe
Latinoamérica y el Caribe mantienen un desempeño heterogéneo en materia de paz. Países como Uruguay, Chile, Costa Rica y Paraguay continúan destacándose como los más estables de la región, mientras que Venezuela, Ecuador, Colombia y Haití enfrentan importantes desafíos relacionados con violencia, criminalidad e inestabilidad política. Bolivia se mantiene en una posición intermedia, aunque registró un deterioro respecto al año anterior, reflejando mayores tensiones sociales y políticas internas.
Finalmente, Romero hace tres recomendaciones para mejorar el índice de paz y la gobernabilidad en Bolivia.
Plantea institucionalizar mecanismos permanentes de diálogo y prevención de conflictos. Bolivia necesita fortalecer espacios permanentes de concertación entre el Gobierno, gobiernos subnacionales, sectores productivos, organizaciones sociales y sociedad civil.
También fortalecer la estabilidad económica y la seguridad jurídica. La evidencia internacional muestra que estabilidad macroeconómica y paz social están estrechamente relacionadas. Reducir la inflación, recuperar reservas internacionales, mejorar la sostenibilidad fiscal y garantizar reglas claras para la inversión contribuirían a disminuir la incertidumbre.
Y, finalmente, sugiere implementar una estrategia nacional de paz, gobernabilidad y desarrollo. Bolivia podría desarrollar una política pública integral basada en el concepto de «Paz Positiva» promovido por el IEP, que fortalezca instituciones, transparencia, educación, inclusión social y eficiencia estatal. La inversión en infraestructura, empleo juvenil, digitalización del Estado y fortalecimiento de gobiernos locales puede reducir las causas estructurales de la conflictividad.