La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), a través de sus representantes, informó que presentó un reclamo formal ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) contra el Estado boliviano por presunto trato discriminatorio y falta de seguridad jurídica hacia un inversor extranjero (Grupo Gloria), tras la indemnización que pide Fancesa por más de 700 millones de bolivianos, cuya cifra afecta la continuidad de las operaciones y pone en riesgo los empleos.
El gerente de Finanzas de Soboce, Ricardo Barrientos, miembros del Equipo Técnico Legal de Soboce Internacional, Hugo Gómez, y Marcela Rada, brindaron la conferencia de prensa y explicaron las acciones a tomar ante la discriminación que estarían experimentado con un fallo que empuja a la empresa a una crisis institucional y económica.
Indican que los 744 millones de bolivianos de indemnización que ordena la justicia a favor de Fancesa, afecta al empleo en Bolivia, no sólo a la empresa.
Es por ello que se presentó ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) un reclamo sobre el hecho, así como una solicitud de suspensión de cobro, es decir que cualquier ejecución quede en suspenso.
Los representantes de Soboce fueron enfáticos que el pedido no es un ataque a Bolivia, sino un reclamo de una empresa internacional ante la discriminación de que es objeto y presenta un favoritismo hacia Fancesa.
En la conferencia recordaron la deuda que tiene el Estado boliviano con Soboce, al momento de la expropiación que aplicó del 33% de las acciones en Fancesa, en 2010 mediante Decreto Supremo, ya pasaron 16 años y hasta ahora no se hace efectivo el pago.
Barrientos explicó que el auténtico origen de esa controversia no es la supuesta competencia desleal, sino una deuda que el Estado mantiene con la empresa desde hace 16 años.
“La demanda no fue una coincidencia. Fue armada como herramienta de presión para intentar obligarnos a negociar el monto de la expropiación. Es evidente. En paralelo, esa demanda artificial fue pasando fases y acumulando irregularidades en la justicia ordinaria durante 16 años”, enfatizó Barrientos.
Reclamo
Soboce informó que se ha presentado formalmente un reclamo contra el Estado Plurinacional de Bolivia ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) por quiebre de la seguridad jurídica y trato discriminatorio contra un inversor subregional, protegido por la Decisión 291.
En paralelo, la compañía ha presentado la solicitud de suspensión de la ejecución de una sentencia que pretende cobrarle coactivamente más de 744 millones de bolivianos a favor de Fancesa, hasta que el Tribunal Andino de Justicia revise el caso.
Por su parte, Gómez explicó que la justicia boliviana infringió el principio de trato nacional que rige en el derecho andino y omitió su obligación ineludible de solicitar una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir la condena, lo que constituye un incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario andino.
“El Derecho Andino es un marco normativo fundamental que integra el bloque de constitucionalidad boliviano y garantiza que las empresas compitan en estricta igualdad de condiciones. El Auto Supremo 1190/2026 vulnera flagrantemente este derecho al otorgar a Fancesa prerrogativas exclusivas del Estado, como la imprescriptibilidad de sus créditos y la inembargabilidad de sus bienes, lo cual rompe el Trato Nacional de la Decisión 291”, sostuvo.
“Por ello, la consecuencia inmediata de la presentación de este reclamo es la necesidad de suspensión de la ejecución de la cobranza para proteger la supremacía del derecho andino. A partir de ahora, corresponde aguardar el posible desarrollo del procedimiento de revisión por la Secretaría General de la CAN y, en su momento, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN)”, argumentó el abogado Gómez.