La crisis que atraviesa el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) ha dejado de ser una simple controversia política entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo. Lo que hoy se encuentra en debate es un principio fundamental de toda democracia: el respeto a la institucionalidad y al equilibrio de poderes.
En matemáticas, 3 nunca será más que 8. Es una verdad elemental. Sin embargo, en la actual dinámica política municipal pareciera instalarse la idea de que una autoridad ejecutiva, amparada en el hecho de haber ganado las elecciones, puede situarse por encima de un órgano deliberante que cuenta con una mayoría legítimamente constituida y que tiene la responsabilidad legal de fiscalizar su gestión.
Nadie discute la legitimidad democrática del Alcalde. La ciudadanía le otorgó el mandato de administrar la ciudad y ejecutar políticas públicas. Pero en democracia, ganar una elección no significa concentrar el poder ni actuar sin controles institucionales. La victoria electoral habilita para gobernar; no para sustituir o neutralizar las atribuciones de otros órganos igualmente legítimos.
El Concejo Municipal no es un apéndice administrativo del Ejecutivo, tampoco fue concebido para limitarse a refrendar decisiones ya tomadas. Su función es deliberar, legislar y fiscalizar, es decir, ejercer el control democrático sobre la gestión municipal en representación de la ciudadanía.
La esencia de la democracia no radica únicamente en la existencia de autoridades electas, sino en la presencia de mecanismos de control y contrapeso que impidan la concentración del poder. Allí reside la importancia de la fiscalización. Lejos de constituir una amenaza para la gobernabilidad, representa una garantía de transparencia, responsabilidad y respeto al interés público.
Por ello resulta preocupante que el ejercicio de las facultades fiscalizadoras sea presentado como un obstáculo para la gestión municipal. Gobernabilidad no significa ausencia de control. Tampoco significa subordinación de un órgano a otro. La verdadera gobernabilidad surge cuando las instituciones cumplen adecuadamente las funciones que la ley les asigna.
La actual confrontación refleja dos legitimidades nacidas de una misma fuente: la voluntad popular. Por una parte, el Ejecutivo reivindica su derecho a gobernar por haber triunfado en las elecciones. Por otra, el Concejo reivindica su derecho a legislar y fiscalizar a partir de una mayoría democráticamente constituida. Ambas legitimidades son válidas. Ambas merecen respeto. Ninguna puede pretender anular a la otra.
La democracia municipal fue diseñada precisamente para evitar la concentración de poder. Una instancia administra; la otra controla. Una ejecuta; la otra fiscaliza. Ese equilibrio no es una debilidad institucional. Es una garantía democrática.
Sin embargo, el problema trasciende las fronteras del municipio paceño. Lo que ocurre en el GAMLP pone en evidencia una realidad mucho más preocupante: el progresivo proceso de desinstitucionalización que afecta a Bolivia.
Cada vez con mayor frecuencia las instituciones son interpretadas en función de intereses políticos coyunturales y no conforme a las competencias que les asigna la ley. Las reglas son aceptadas cuando favorecen una posición y cuestionadas cuando benefician a otra. Los órganos de control son vistos como obstáculos y no como componentes esenciales del sistema democrático.
Esta lógica erosiona la confianza ciudadana y debilita el Estado de Derecho. Cuando las instituciones dejan de ser respetadas por lo que representan y pasan a depender exclusivamente de correlaciones de fuerza o conveniencias políticas, la democracia comienza a deteriorarse.
Mientras tanto, la principal víctima de esta situación sigue siendo la ciudadanía paceña.
Son los vecinos quienes enfrentan las consecuencias de la confrontación institucional. Son ellos quienes ven demorados trámites, retrasadas decisiones administrativas y postergadas soluciones que deberían atenderse con eficiencia y oportunidad. Son ellos quienes escuchan diariamente promesas de modernización, agilidad y eficacia en la gestión pública, pero tropiezan con una realidad marcada por la incertidumbre y la disputa política permanente.
La población no espera una competencia de legitimidades, espera resultados. Espera que las instituciones funcionen, espera que quienes fueron elegidos para gobernar y fiscalizar cumplan sus responsabilidades en beneficio de la ciudad.
La crisis del GAMLP no se resolverá determinando quién tiene más poder ni quién puede imponer su voluntad sobre el otro. La solución pasa por recuperar un principio básico de toda democracia: el respeto a la institucionalidad.
Porque gobernar no es concentrar poder, fiscalizar no es obstruir, una democracia sana necesita de ambas funciones para preservar el equilibrio que protege a los ciudadanos.
Bolivia necesita recuperar la cultura institucional que parece haber perdido, necesita volver a comprender que las instituciones están por encima de las personas y de las coyunturas políticas. Porque cuando el 3 quiere ser más que el 8, el problema ya no es de matemáticas. El problema es de democracia. Y cuando la democracia comienza a ignorar sus propios contrapesos, quienes terminan pagando las consecuencias son siempre los ciudadanos.
«En democracia, las urnas otorgan poder, pero las instituciones le ponen límites. Cuando alguien pretende gobernar sin esos límites, deja de discutir sobre gobernabilidad y empieza a discutir contra la propia democracia».
El autor es diplomático de carrera y politólogo.