Nuestro país atraviesa una de las crisis económicas más severas de su historia reciente. Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones de gas natural cayeron un 33,8% respecto al año anterior, mientras que los ingresos de YPFB se redujeron a la mitad en poco más de una década tras el cierre definitivo del mercado argentino en 2024. Hoy el mercado brasileño resulta insuficiente para sostener el modelo energético.
La situación fiscal es igualmente crítica, con una deuda pública que alcanzó el 95% del PIB en 2024 y un déficit fiscal superior al 10% financiado por el Banco Central. Esto alimentó una inflación del 20% en 2025 y llevó a que organismos como el Banco Mundial y el FMI proyecten una contracción económica de entre el 3,2% y el 3,3% para 2026, evidenciando la insostenibilidad de las políticas vigentes.
Durante demasiado tiempo, la respuesta estatal fue el silencio o el maquillaje estadístico, ocultando una recesión técnica iniciada en el tercer trimestre de 2024. Este “negacionismo” profundizó el hoyo fiscal, destruyó la credibilidad internacional del país y erosionó las reservas internacionales netas, cuyos activos líquidos apenas alcanzaban los 73 millones de dólares en octubre de 2025.
Frente a este escenario, el gobierno de Rodrigo Paz ha dado señales de ajuste al anunciar una reducción del 50% en los salarios de él como presidente y sus ministros, junto a un recorte del 30% en el gasto corriente del Ejecutivo. Asimismo, el Decreto Supremo 5503 congeló los incrementos salariales para todo el sector público en 2026, medidas que apuntan en la dirección correcta, pero que aún resultan insuficientes.
Para que la austeridad sea efectiva y legítima, no puede ser algo exclusivo del órgano Ejecutivo, mientras los órganos Legislativo, Judicial y Electoral mantienen estructuras de gasto insostenibles. Siguiendo la lógica de que en momentos de crisis toda la familia debe ajustarse, el sacrificio debe ser compartido de manera integral; de lo contrario, la reforma se reduce a un teatro político.
En este sentido, se vuelven urgentes tres reformas administrativas visibles y de justicia simbólica. Primero, la eliminación o reducción drástica de las rentas vitalicias y dietas para exmandatarios. Segundo, la supresión inmediata de asesorías y suplencias que duplican funciones sin agregar valor real. Y tercero, la transparencia absoluta en la publicación de planillas salariales de todas las reparticiones y empresas públicas.
Paralelamente, instituciones como el Growth Lab de Harvard advierten que el país necesita un giro estructural para superar el colapso. Esto incluye la reestructuración de los contratos de hidrocarburos para reactivar la exploración, la reforma de la política de subsidio a los combustibles bajo fórmulas técnicas y el despliegue acelerado de energías renovables que permitan liberar saldos exportables.
Sin embargo, ninguna de estas transformaciones macroeconómicas prosperará si la ciudadanía no confía en que las élites políticas también están dispuestas a asumir el costo del ajuste. La autoridad moral del Estado para exigir sacrificios a la población depende directamente de su capacidad para demostrar honestidad, coherencia y austeridad en la administración de sus propios recursos.
La historia demuestra que Bolivia es capaz de superar crisis severas cuando existe cohesión social y voluntad política. El anterior Modelo Económico Social Comunitario Productivo capturó una bonanza de materias primas sin precedentes, pero dilapidó la oportunidad histórica de diversificar la matriz productiva del país; la crisis actual es el precio directo de haber cosechado sin sembrar para el futuro.
Superar este error histórico exige que el ajuste sea equitativo y que desde el mandatario hasta el último funcionario aporten al saneamiento del país. La austeridad real no se construye con discursos ni con promesas de campaña, sino con medidas concretas, verificables y de amplio alcance que devuelvan la previsibilidad a la economía nacional.
El tiempo para las medias tintas se ha agotado y la magnitud de la avería económica no permite más dilaciones. Necesitamos hoy un Estado que predique con el ejemplo y convierta el bien común en el principio ordenador de la gestión pública, implementando reformas de fondo antes de que el impacto de la crisis sea irreversible.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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