Asfixia de un país bajo el yugo de la sedición

Bolivia se desangra económicamente por un despiadado cerco de bloqueos de carreteras que destruye el aparato productivo, la educación y la imagen internacional del país. La alarmante inestabilidad social, promovida con fines puramente sectarios, ha transformado el derecho a la protesta en un secuestro sistemático de la ciudadanía. El libre tránsito ha sido canjeado por desabastecimiento, violencia y amenazas extremistas que rozan el terrorismo civil.
Las secuelas financieras son demoledoras. El país registra pérdidas nacionales que asfixian a pequeños productores, exportadores y comerciantes en largas filas por combustible. Uno de los sectores más heridos es el turismo, clave para el ingreso de divisas. Con pérdidas sectoriales millonarias, la gastronomía, la hotelería y las agencias de viaje se encuentran al borde de la quiebra absoluta. Y así, la imagen que Bolivia proyecta al mundo es la de un territorio impredecible, caótico e inseguro, provocando cancelaciones masivas de reservas internacionales y sepultando años de promoción cultural. Nos hemos convertido en un destino inviable para el visitante extranjero. ¿Cómo limpiar la imagen de país convulsionado por protestas e inseguro?
El daño colateral en la juventud es igual de nefasto. El derecho a la educación pública fue saboteado durante semanas enteras, forzando un retorno obligatorio a las clases virtuales, como en la pandemia, pero ahora debido a la imposibilidad de traslado seguro de estudiantes y maestros. Los palos, las dinamitas y las piedras de los insurrectos amenazan la integridad física de los jóvenes. Esta virtualidad de emergencia no es más que un paliativo deficiente en un país con brechas digitales profundas, convirtiéndose en un retroceso pedagógico imperdonable, provocado por el egoísmo de unos cuantos sediciosos.
Detrás de este escenario de problemas y desabastecimiento, la figura del caudillo Evo Morales emerge como el principal instigador. Con una ambición personal desmedida y un hambre de poder difícil de describir con palabras, el expresidente insiste cínicamente en mantener y radicalizar las medidas de presión en las carreteras. Sus discursos no buscan justicia social, sino impunidad y poder, utilizando a sus bases como carne de cañón para asfixiar las ciudades, generar violencia y forzar una desestabilización gubernamental. Morales manipula el descontento social para sus propios fines políticos.
Lo más intolerable es la degradación moral de los grupos sediciosos afines al evismo. Las amenazas abiertas de cortar el suministro de agua potable y la red de energía eléctrica a los centros urbanos constituyen delitos de lesa humanidad. Atentar contra servicios básicos indispensables no es movilización social; es un intento de sumergir a millones de bolivianos en una crisis sanitaria y humanitaria.
¿Puede Bolivia seguir secuestrada por el capricho de un caudillo déspota y sus huestes violentas? El Estado debe actuar con firmeza constitucional para restablecer el orden y procesar judicialmente a los autores materiales e intelectuales de este atentado contra la vida colectiva. La reactivación económica, la educación de los niños y la dignidad nacional deben prevalecer sobre el chantaje de los destructores de la patria.