El presidente enfrenta probablemente una de las decisiones más complejas y delicadas de todo su mandato. En medio de bloqueos prolongados, radicalización política, desgaste institucional y creciente presión ciudadana para restablecer el orden, el gobierno parece atrapado entre dos caminos igualmente riesgosos: continuar apostando a un diálogo que cada vez muestra menos posibilidades reales de éxito o recurrir finalmente a la aplicación de un estado de excepción, con todas las consecuencias políticas, sociales e institucionales que ello implica.
La disyuntiva no es menor, por un lado, el Ejecutivo ha intentado sostener durante semanas distintos mecanismos de acercamiento político. La mediación impulsada por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, las convocatorias realizadas desde la Vicepresidencia e incluso la decisión de dejar sin efecto mandamientos de aprehensión contra dirigentes como Mario Argollo y Vicente Salazar buscaban precisamente evitar una escalada mayor del conflicto y preservar mínimas condiciones de negociación.
Sin embargo, todos esos esfuerzos terminaron debilitándose frente a la presión de las propias bases movilizadas.
Las organizaciones sociales vinculadas a sectores de la COB, grupos Túpac kataristas, Bartolinas, interculturales y movimientos cocaleros provenientes del Chapare endurecieron progresivamente sus posiciones, resistiéndose a consolidar espacios efectivos de diálogo. El reciente cabildo de El Alto pareció confirmar esa radicalización, desplazando el conflicto desde reivindicaciones sectoriales hacia objetivos abiertamente políticos, donde la renuncia presidencial comienza a instalarse como salida prácticamente innegociable.
En ese contexto, el diálogo corre el riesgo de transformarse en un “diálogo de sordos”, donde las partes ya no buscan realmente construir soluciones compartidas, sino únicamente ganar tiempo, acumular presión o desgastar al adversario políticamente.
Pero si el gobierno considera agotada la vía política y decide finalmente aplicar un estado de excepción, emerge inmediatamente otro problema extremadamente sensible: el temor existente dentro de las propias Fuerzas Armadas y la Policía respecto a las consecuencias futuras de su participación en operativos de control interno.
La experiencia de 2019 continúa profundamente presente en la memoria institucional militar y policial.
Los acontecimientos de Senkata y Sacaba, ocurridos durante el gobierno transitorio de la presidenta constitucional Jeanine Añez, derivaron posteriormente en fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales, además de procesos judiciales contra varios militares y efectivos policiales acusados de responsabilidad en los operativos desarrollados durante aquella crisis.
Más allá de las interpretaciones políticas sobre esos hechos, lo cierto es que dejaron instalado un mensaje extremadamente delicado dentro de las instituciones de seguridad del Estado: que quienes hoy ejecutan órdenes para restablecer el orden público podrían mañana enfrentar procesos judiciales, persecuciones políticas o incluso terminar privados de libertad, dependiendo de los cambios de correlación política futuros.
Ese antecedente probablemente constituye uno de los principales factores que explican la enorme cautela existente frente a cualquier eventual decisión de aplicar medidas excepcionales.
Porque un estado de excepción no se ejecuta únicamente mediante decretos o disposiciones legales. Requiere operadores institucionales dispuestos a asumir costos operativos, políticos y jurídicos.
Y allí aparece uno de los dilemas más complejos para cualquier gobierno: ¿cómo garantizar acciones firmes de control interno cuando existe temor real dentro de las fuerzas del orden respecto a futuras responsabilidades penales o políticas?
La situación se vuelve aún más delicada considerando el actual nivel de polarización nacional, cuaquier intervención coercitiva podría rápidamente convertirse en escenario de confrontación política, victimización social y denuncias nacionales e internacionales sobre vulneración de derechos humanos.
Precisamente por ello, el Presidente parece debatirse entre dos riesgos igualmente peligrosos:
Si mantiene indefinidamente una estrategia de diálogo sin resultados concretos, crece el desgaste ciudadano frente a la percepción de pérdida de autoridad estatal y ausencia de soluciones efectivas para enfrentar los bloqueos y la crisis.
Pero si opta por la excepcionalidad, podría abrir una etapa mucho más incierta marcada por confrontación social, victimización política, resistencia al cumplimiento de las medidas y eventual desgaste de las propias instituciones armadas y policiales.
El problema de fondo es que Bolivia parece haber ingresado progresivamente en una dinámica donde la política comienza a perder capacidad de resolver los conflictos.
Cuando el diálogo se agota y la coerción aparece como única opción posible, la democracia entra en una zona extremadamente frágil, porque ninguna sociedad sale fortalecida cuando sus instituciones deben elegir entre la parálisis o la confrontación permanente.
El gran interrogante entonces ya no es únicamente qué decisión tomará el Presidente. La verdadera pregunta es si, después de esta crisis, el país podrá recuperar nuevamente condiciones mínimas de convivencia democrática y estabilidad institucional.
Porque una vez que la excepcionalidad desplaza completamente a la política, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá de cualquier coyuntura o gobierno de turno.
El autor es diplomático de carrera y politólogo.