¿Bolivia ante la posibilidad del retorno populista?

Bolivia se encuentra en un punto de quiebre institucional. La reciente orden de aprehensión emitida por la justicia ordinaria contra Evo Morales, tras ser declarado en rebeldía en el proceso que enfrenta por presunta trata y tráfico de personas, no es solo un trámite legal de alta relevancia; constituye la última frontera para el Estado de derecho en el país. Si el Ministerio Público y la Policía Boliviana no ejecutan de manera inmediata y estricta este mandamiento judicial, el mensaje para la nación será devastador: la ley no se aplica con el mismo rasero para quienes detentaron las esferas del poder y, encima, socavaron los cimientos de todo un país.
El verdadero peligro radica en el pésimo precedente que arrastra el sistema judicial boliviano, desde tiempos virreinales. La anulación y eliminación sistemática de mandamientos de aprehensión previos que beneficiaron a figuras políticas y dirigentes gremiales —como los cuestionados favores otorgados en su momento a exautoridades como Argollo y otros jefes del sindicalismo oficialista— demuestra que la justicia se ha convertido en una moneda de cambio. Morales, un estratega implacable del chantaje social y del bloqueo de carreteras, y que se alimenta de la confrontación, busca forzar este mismo escenario. Está claro que su atrincheramiento en el Chapare, más allá de ser un acto de defensa técnica, es un mecanismo de presión explícita para obligar al Gobierno a sentarse en una mesa de negociación jurídica. Conociendo los antecedentes políticos de Morales, uno de sus objetivos podría ser transar su impunidad a cambio de pacificación, limpiando su historial delictivo para habilitar un eventual retorno a la arena política formal.
Permitir que Morales eluda la justicia y use el conflicto y la crisis como plataformas de negociación abriría las compuertas a su mayor ambición: postularse nuevamente a la Presidencia. La sola posibilidad de un retorno formal del evismo o de cualquier vertiente del populismo radical de izquierda representa una amenaza existencial para el país. No se trataría de un simple cambio de rumbo; sería el regreso del modelo corporativista que devastó económicamente a Bolivia mediante el despilfarro de las reservas internacionales, el sometimiento descarado de la justicia, la asfixia del sector productivo privado y una rampante crisis de combustibles y divisas.
En el ámbito social e institucional, este populismo sembró una polarización profunda, destruyó la independencia de los poderes del Estado y canjeó la meritocracia por el sometimiento civil. Si el mandamiento de aprehensión se diluye en pactos políticos bajo la mesa, Bolivia habrá claudicado ante la ley del más fuerte. La justicia tiene la obligación histórica de demostrar que ningún ciudadano, por más “movimientos sociales” que lo respalden, está por encima de las leyes. Salvar la democracia boliviana exige, hoy más que nunca, firmeza institucional frente a la impunidad solicitada por el caudillismo.
Por todo esto, hay que luchar pacífica pero tenazmente contra la eventualidad de un Evo presidente, no ya por nacionalismo o patriotismo, sino por supervivencia de las familias bolivianas y de uno mismo. El retorno del déspota de Orinoca significaría, además, la instauración de un narcoestado, con todas las consecuencias que eso supone. Bolivia se debate entre la democracia y el narcopopulismo.