La miel y la hiel del poder

No cabe duda; a los altos funcionarios del gobierno, altos no por su estatura ni por su capacidad; no les falta gasolina. Tampoco carne, pollo, leche, quesos, frutas y verduras, como a la gran mayoría de los hogares paceños. Mientras las familias recorren mercados buscando productos básicos o hacen largas filas para conseguirlos, los que ejercen el poder o están relacionados a éste, disfrutan de condiciones muy favorables.
A esas ventajas se suman las oportunidades de beneficiarse con disposiciones legales que favorecen intereses particulares, como la suspensión del Impuesto a las Grandes Fortunas. E incluso, ingresando en áreas no muy transparentes, participar en negocios relacionados con gasolina, contratos estatales con recursos públicos, o la posibilidad de acumular múltiples “pequeñas propiedades rurales”. Poco les importa el perjuicio que tales decisiones ocasionan al país. Para ciertos actores de la política, para demasiados, lo fundamental parece ser preservar e incrementar su patrimonio, sin importar la forma en que haya sido obtenido.
Pero no todo puede ser miel para quienes gobiernan. El ejercicio del poder implica responsabilidades establecidas por la CPE. Entre ellas destaca la atribución presidencial señalada en el artículo 172.1: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
Entre las normas que se debe hacer cumplir están los Derechos Fundamentales: el artículo 15.I que establece el derecho a la vida de toda persona, el 16.I el derecho al agua y a la alimentación, el 18.I el derecho a la salud. Asimismo, el 21.7 garantiza la libertad de circulación. Estos derechos que también son protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, están siendo gravemente vulnerados por acciones de actores sociales que mantienen bloqueadas importantes vías de comunicación, impidiendo el ingreso de alimentos, combustibles, medicamentos e incluso oxígeno destinado a hospitales de las ciudades de La Paz y El Alto.
Esta interrupción afecta mayormente a los sectores más vulnerables: niños, adultos mayores, enfermos y personas de escasos recursos que no pueden pagar los elevados precios de los alimentos. Según la prensa, la crisis habría ocasionado el fallecimiento de varias personas, además de generar cuantiosas pérdidas económicas.
Ante hechos tan graves, la inacción gubernamental erosiona su legitimidad y plantea interrogantes sobre el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Quienes no adopten medidas para proteger a la población, corren el riesgo de incurrir en responsabilidades legales y políticas. Gobernar implica disfrutar de las prerrogativas del poder, pero también asumir las consecuencias de las decisiones que sean tomadas.
En momentos de crisis se pone a prueba la verdadera dimensión de un gobernante y es cuando la historia distingue entre quienes ejercieron el cargo para servirse del Estado y quienes estuvieron dispuestos a servir al pueblo.