Siniestra instrumentalización de los derechos humanos

La Paz se ahoga bajo el peso de una indolencia inhumana. Tras más de un mes de asedio, la Sede de Gobierno sufre una de sus peores crisis, rehén de bloqueos que han dejado de ser protestas legítimas para convertirse en un asedio sistemático. En este escenario de desabastecimiento e inflación artificial, emerge una verdad incómoda: la alarmante distorsión de los Derechos Humanos, transformados hoy por sectores populistas e izquierdistas en un escudo selectivo y de uso político.
El relato oficialista y de izquierda radical ha vendido la idea de que los derechos corresponden únicamente a quienes se autoproclaman “oprimidos” o “vulnerables”. Bajo esta lógica, la turba que destruye el ornato público, detona dinamita en áreas urbanas y apedrea ambulancias goza de una patente de corso ideológica. El “buenismo” hipócrita de estos sectores calla ante el vandalismo, justificando la violencia bajo el manto de la “reivindicación social”. No obstante, ignoran deliberadamente al ciudadano que trabaja, al comerciante, al transportista y a todo aquel que somete su vida a la ley y quiere jugar con las reglas de la democracia. Para el ciudadano de buena voluntad atrapado en el cerco, parece no haber derechos, solo la obligación de sufrir la escasez, el miedo y la violencia.
El silencio cómplice ante las abiertas amenazas de guerra civil contrasta con la brutalidad de las consecuencias de estas medidas. Los bloqueos ya han cobrado vidas inocentes que la historia no debe olvidar. Es indignante y desgarrador el fallecimiento de Miriam, una niña de doce años con cáncer que no pudo llegar a La Paz para sus quimioterapias desde Oruro. Asimismo, la muerte de un transportista de carga pesada, víctima de un paro fulminante tras pasar más de un mes varado y desamparado en las carreteras, expone la cara más despiadada del conflicto. Estas vidas rotas no figuran en las pancartas de los manifestantes ni provocan el pronunciamiento de los activistas del sesgo ideológico.
Ante esta realidad, cabe formular la pregunta jurídica y moral definitiva: ¿No es el cerco a La Paz un crimen de lesa humanidad? El Estatuto de Roma define el exterminio como la imposición intencional de condiciones de vida dirigidas a causar la destrucción de parte de una población, como privarla del acceso a alimentos o medicinas. Cortar el paso de oxígeno medicinal, carburantes y víveres a más de 750 mil personas no es disidencia; es un acto inhumano y criminal destinado a asfixiar una urbe entera para forzar réditos políticos.
Los Derechos Humanos universales nacieron para proteger al individuo frente a la tiranía, no para ser el instrumento político de facciones radicales que usan el hambre como arma de chantaje contra su propio pueblo.
La siniestra instrumentalización de los derechos humanos y la relativización de la ciudadanía fomentan la ignorancia y el atropello; lo desordenan todo, y así el Estado deja de someterse al derecho. Pero ahora la pregunta de fondo es hasta cuándo La Paz estará sitiada y asfixiada por unos cuantos miles de personas belicosas y carentes de humanidad y sensibilidad.