La soledad de los demócratas

El límite de la paciencia democrática se mide en el estómago de los ciudadanos, en las horas perdidas frente a los desabastecimientos y en la flagrante desprotección de un Estado que parece haber claudicado. Lo que ocurre hoy en Nuestra Señora de La Paz no es una simple crisis política; es un asedio sistemático que asfixia el día a día de miles de familias que ya no tienen qué comer, y en algunos casos ni una pizca de alegría. Frente a este panorama, el gobierno de Paz Pereira enfrenta su hora más crítica, no por la previsible presión de los sectores sediciosos que buscan su caída desde el primer día, sino por el silencioso y peligroso desgaste de su propia base de legitimidad: aquellos ciudadanos que, hasta ahora, han defendido con firmeza el orden constitucional y las instituciones democráticas.
Mantener la postura de que un presidente debe cumplir su mandato legal es un principio fundamental para la estabilidad democrática. Quienes valoran la democracia, entienden que los cambios de mando abruptos suelen dejar heridas institucionales difíciles de sanar. Sin embargo, la defensa de la continuidad de un gobierno no es un cheque en blanco, ni puede convertirse en un pacto de automartirio para la sociedad. La ciudadanía paceña que hoy soporta el cerco lo hace con un espíritu republicano ejemplar, acaso con estoicismo, pero la paciencia tiene un límite proporcional a la eficacia de sus gobernantes.
La inoperancia y la negligencia gubernamental ante este bloqueo, que por su naturaleza vulnera derechos humanos fundamentales, mantiene en la incertidumbre a decenas de miles de paceños y restringe el acceso a bienes básicos, están cobrando una factura política. Dejar a La Paz a su suerte, bajo la mirada pasiva del Poder Ejecutivo, ya no se percibe como prudencia política, sino como una preocupante incapacidad de gestión que puede restar a Paz el poco apoyo político que tiene. El orden constitucional se defiende ejerciendo la autoridad que la propia ley otorga, gobernando con claridad, decidiendo, y no contemplando el asedio a una gran ciudad desde la distancia institucional y el silencio.
Si la administración de Paz Pereira insiste en mantener esta parálisis, arriesga lo más valioso que le queda: el respaldo de la ciudadanía moderada. Este sector, que rechaza los métodos violentos de los sitiadores y aborrece las agendas desestabilizadoras, empieza a preguntarse si la inacción oficial no es un daño igual de grave para el futuro de la región. Cuando el defensor de la ley se siente abandonado por la autoridad, la lealtad hacia la continuidad del mandato se quiebra. No es una cuestión de sumarse a las consignas de la oposición radical; es una reacción natural de supervivencia frente al abandono estatal.
Si el Ejecutivo no implementa de inmediato soluciones reales para romper este cerco y proteger a la población, la base social que sostiene su legitimidad terminará por darle la vuelta. La exigencia de un cambio de rumbo ya no vendrá exclusivamente de las facciones radicales, sino de los propios demócratas desesperados por la falta de respuestas. Cumplir el mandato constitucional exige, ante todo, gobernar; y gobernar es impedir que una ciudad entera sea tomada como rehén por facciones antisistema, ante la indolencia del gobierno nacional.