Cuando la ley se canjea por impunidad

La renuncia del Estado a ejercer el monopolio de la ley es el síntoma definitivo de una democracia en decadencia. En medio de un escenario asfixiante, las recientes declaraciones del presidente boliviano no solo desnudan la debilidad estructural de su gobierno tras seis meses de gestión, sino que oficializan una peligrosa claudicación institucional. Al manifestar su honda preocupación porque los departamentos de La Paz y Oruro queden «abandonados» y aislados debido a los bloqueos de carreteras, el mandatario traslada al ciudadano común una alarmante sensación de desamparo, de aislamiento, reconociendo de forma implícita que el control del territorio nacional ha dejado de pertenecer a las instituciones públicas y se ha trasladado a los poderes fácticos: sindicatos, gremios y federaciones que pueden imponer su capricho.
Esta alarmante admisión de impotencia política alcanzó su punto crítico cuando, al ser consultado sobre la duración de las medidas de presión que castigan la economía y el abastecimiento básico, Paz respondió de manera displicente: «Habría que preguntarles a los bloqueadores». Tal afirmación representa una alarmante dejación de funciones o una preocupante pusilanimidad. No es aceptable que la máxima autoridad del país traslade la certidumbre sobre el libre tránsito a grupos civiles movilizados que operan al margen del orden legal.
El aspecto más nocivo de este conflicto radica en la distorsión del concepto de «diálogo» empleado por el Ejecutivo. Lo que el gobierno presenta como una vía concertada en las mesas de negociación impulsadas por ministerios como el de Presidencia no es más que una negociación asimétrica de la propia legislación. Es que el diálogo se ha convertido en negociación de la aplicación de la ley con base en chantajes. Es inaceptable que se pretenda «dialogar» la vigencia de la ley y, peor aún, que este proceso culmine otorgando impunidad a dirigentes sindicales y políticos que promovieron abusos, vandalismo y delitos explícitos contra la población civil en las duras y tristes jornadas de manifestaciones y bloqueos en la ciudad del Illimani.
La decisión de dejar sin efecto las órdenes de aprehensión dictadas por el Ministerio Público contra cabecillas acusados de instigación pública a delinquir constituye un nefasto precedente; ¿se nos está terminando de desmoronar la democracia? La justicia no puede ser un instrumento de pacificación temporal a costa de los derechos de las víctimas. Al suspender estas capturas para viabilizar un diálogo estéril, el Estado premia la violencia organizada y valida el chantaje como un método legítimo de interpelación política. Así, termina primando la ley, pero la del más fuerte, además del estado de naturaleza.
Una sociedad que acepta que los tipos penales y los mandamientos judiciales son opcionales o transables, camina indefectiblemente hacia la anarquía. La ley debe aplicarse con firmeza, sin distinción de privilegios sectoriales ni partidarios. Ceder ante quienes vulneran los derechos de millones de bolivianos bajo la justificación de evitar la conflictividad social solo garantiza que el próximo cerco sea aún más violento y destructivo.