La situación de nuestro país se asemeja a un cáncer con metástasis donde la corrupción, como un mal sistémico, ha cultivado cada tejido del aparato institucional, en este campo, tratar un solo órgano es apenas un engaño paliativo; la crisis no es de liderazgo, sino un problema estructural e histórico que ningún “mesías político” puede resolver en soledad.
La corrupción se ha naturalizado al punto de dejar de escandalizar a la ciudadanía, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, el país obtuvo solo 28 puntos sobre 100, situándose entre los más rezagados de la región. Esta cifra revela una persistencia estructural que ha oscilado entre los 20 y 35 puntos durante los últimos 25 años, trascendiendo a cualquier gobierno de turno.
Para 2025, el Latinobarómetro calificó la corrupción percibida con un 7.8 sobre 10, mientras que encuestas de IPSOS CIESMORI la situaron como la tercera mayor preocupación pública. Estos datos reflejan una cultura institucional viciada, ejemplificada en casos como el de la empresa Botrading, que concentró pagos millonarios por volúmenes de hidrocarburos no contratados.
A este escenario de impunidad se suman autoridades con cuentas injustificadas y redes de tráfico ilegal en áreas protegidas; el Observatorio de UNITAS registró que el 57% de las vulneraciones democráticas en 2024 correspondieron a abusos de poder y corrupción. Este colapso no es ideológico, sino que nace de una República fundada sobre exclusiones que priorizó a las élites sobre la sociedad.
Esta lógica del Estado como botín para los allegados ha persistido durante dos siglos bajo distintos discursos políticos. Los males actuales, como la captura del sistema judicial y la infiltración del narcotráfico, no son invenciones recientes, sino la cosecha de una siembra institucional defectuosa iniciada desde la fundación del país.
La crisis que estamos viviendo actualmente es el síntoma más agudo de esta enfermedad histórica. Las protestas por demandas salariales y territoriales escalaron hasta exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz a solo seis meses de asumir el cargo. En su punto crítico, los bloqueos en varios departamentos dejaron al país al borde del colapso institucional.
El impacto humanitario es devastador, afectando especialmente a los hospitales en La Paz y El Alto que reportaron desabastecimiento crítico de insumos. El Hospital del Niño quedó con reservas de oxígeno para apenas 36 horas, y en Llallagua, un menor de 12 años falleció debido a la imposibilidad de recibir atención médica por las rutas bloqueadas.
Ante esta emergencia, el Gobierno activó el operativo “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas” para romper el cerco y abastecer de oxígeno a las ciudades afectadas (especialmente La Paz y El Alto). Esta necesidad de corredores humanitarios en suelo propio evidencia que no se enfrenta una simple crisis de gobernabilidad, sino una verdadera emergencia humanitaria interna.
El peligro reside en esperar soluciones inmediatas a través del mesianismo político. Una corrupción enraizada por 200 años requiere reformas sistémicas de largo aliento: independencia judicial, servicio civil meritocrático y una cultura cívica que rechace el nepotismo. Nada de esto ocurrirá si la sociedad civil sigue esperando que un salvador actúe por ella.
Afortunadamente, a diferencia de los diagnósticos médicos terminales, las patologías institucionales sí tienen cura. Naciones que estuvieron sumidas en la corrupción endémica, como Corea del Sur, Singapur, Estonia o Uruguay, lograron transformaciones que requirieron décadas de esfuerzo, el compromiso de múltiples generaciones y sólidas políticas de Estado. Bolivia puede sanar, pero para ello debe abandonar la búsqueda de salvadores, empezar a construir instituciones democráticas estables y mirar sus dos siglos de historia con honestidad para decidir, finalmente, hacia dónde quiere ir.
El autor es politólogo, abogado y docente universitario.
rcoteja100@gmail.com