En los últimos días, a propósito de la información difundida sobre el nivel de endeudamiento externo de Bolivia, se ha instalado un discurso que pretende atribuir al actual Gobierno toda la responsabilidad por la situación financiera del país. Esa afirmación simplifica una realidad mucho más compleja y corre el riesgo de convertir una discusión económica seria en una disputa política.
La pregunta no debería ser solamente ¿cuánto debe Bolivia hoy?, sino también: ¿quién contrajo esas obligaciones, cuándo, con qué finalidad y qué resultados produjo ese endeudamiento?
El Banco Central de Bolivia (BCB) y las autoridades económicas tienen la responsabilidad de presentar una información clara y completa sobre la evolución de la deuda, diferenciando los compromisos asumidos por cada administración. Si la deuda externa supera actualmente los 14 mil millones de dólares, la sociedad tiene derecho a conocer cuánto corresponde a los gobiernos de Evo Morales, Luis Arce y cuánto, eventualmente, al actual Gobierno de Rodrigo Paz.
No se trata de defender a un gobierno ni de atacar a otro, sino de establecer responsabilidades con datos.
La deuda no comenzó con el actual Gobierno
Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), particularmente durante la gestión de Evo Morales, Bolivia vivió uno de sus períodos de mayores ingresos por la explotación y exportación de hidrocarburos.
Durante la bonanza gasífera, el país recibió decenas de miles de millones de dólares por la venta de gas natural a Argentina y Brasil. Diversas estimaciones sitúan los ingresos derivados de esta actividad por encima de los 60 mil millones de dólares.
La pregunta es inevitable: ¿Dónde están los resultados proporcionales de aquella extraordinaria bonanza?
Una parte de esos recursos fue destinada a inversión pública, infraestructura y programas sociales. Sin embargo, una bonanza de semejante magnitud debería haber permitido dejar un país financieramente más sólido, con mayores reservas, una economía más diversificada y menor dependencia de los hidrocarburos.
La situación actual obliga a revisar qué ocurrió con aquellos recursos y qué decisiones fueron tomadas durante los años de mayores ingresos.
¿Qué pasó con las Reservas Internacionales?
Otro aspecto fundamental es la evolución de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Bolivia llegó a acumular durante los años de bonanza un nivel extraordinariamente elevado de reservas, que posteriormente disminuyó de manera considerable.
Por ello, también corresponde preguntar: ¿Cuánto de las reservas se utilizó durante el gobierno de Evo Morales? ¿Cuánto durante la administración de Luis Arce? ¿En qué se utilizaron esos recursos y cuál fue su impacto sobre la economía nacional?
No basta con mostrar el saldo actual. Es necesario conocer la película completa: cuánto recibió el Estado, cuánto gastó, cuánto ahorró y con qué situación financiera terminó cada administración.
¿Y qué ocurrió durante el gobierno de Jeanine Añez?
También se debe revisar con objetividad la afirmación de que el gobierno transitorio de Jeanine Añez fue el principal responsable del endeudamiento externo.
Durante esa administración existió una Asamblea Legislativa dominada por el MAS, con una mayoría parlamentaria adversa al Ejecutivo. En ese contexto, la aprobación de nuevos créditos y operaciones de financiamiento externo enfrentó obstáculos políticos y legislativos.
Por ello, atribuir de manera generalizada el endeudamiento a ese gobierno, sin revisar las fechas, montos y condiciones de cada operación, constituye una simplificación.
La deuda pública debe analizarse documento por documento y año por año, y no mediante consignas políticas.
Evo Morales, Luis Arce y la responsabilidad histórica
El debate debe establecer cuánto debía Bolivia al finalizar cada administración y cuánto se incrementó posteriormente.
Es necesario conocer cuánto era la deuda externa al finalizar el gobierno de Evo Morales en 2019, cuánto aumentó durante la gestión de Luis Arce y cuánto de la deuda actual fue contratado durante cada período.
También corresponde conocer qué créditos fueron aprobados, con qué organismos, bajo qué condiciones y en qué proyectos o gastos fueron utilizados.
Lo mismo debe hacerse con la deuda interna. No basta con analizar únicamente las obligaciones externas. Si la deuda interna y externa en conjunto supera los 40 mil millones de dólares, como sostienen algunas estimaciones, las autoridades deben presentar el desglose oficial y actualizado.
La pregunta es sencilla: ¿cuánto de esa deuda fue acumulada antes de 2019 y cuánto después?
Solo así podrá establecerse con objetividad la responsabilidad fiscal de cada gobierno.
La responsabilidad también alcanza al Gobierno actual
Exigir transparencia sobre la deuda heredada no significa otorgar un cheque en blanco al actual Gobierno.
El Gobierno de Rodrigo Paz también deberá responder ante la sociedad por sus propias decisiones económicas. Si contrata nueva deuda, tendrá que explicar para qué la necesita, cuánto costará, cuáles son sus condiciones y cómo se garantizará su pago.
Pero una cosa es evaluar las decisiones del Gobierno actual y otra muy distinta atribuirle exclusivamente una crisis fiscal que tiene antecedentes acumulados durante varios períodos gubernamentales.
La responsabilidad pública debe ser individualizada.
Bolivia necesita conocer la verdad completa
Bolivia no necesita otra batalla política alrededor de las cifras de la deuda. Necesita información transparente y una memoria económica completa.
El Banco Central de Bolivia, el Ministerio de Economía y las instituciones responsables deberían presentar una línea histórica de la deuda pública, diferenciando las obligaciones contraídas durante cada gobierno, la evolución de las reservas internacionales, los ingresos obtenidos durante la bonanza de los hidrocarburos y el destino de los principales recursos.
Solo así podremos responder una pregunta fundamental: ¿Cómo pasó Bolivia de administrar una extraordinaria bonanza de recursos naturales a enfrentar endeudamiento, escasez de divisas, disminución de reservas y dificultades fiscales? Esta pregunta no pertenece a un partido político. Pertenece a todos los bolivianos.
La discusión debe dejar de lado la propaganda y recuperar la memoria económica del país. Antes de preguntar quién debe pagar la deuda de hoy, Bolivia tiene derecho a saber quién la contrajo, cuánto recibió, en qué gastó los recursos y qué país dejó después de administrarlos.
Esa es la verdadera discusión que el país necesita.
El autor es comunicador social.