Asfixia del cerco y deber de la fuerza estatal

Bolivia desangra su economía en los caminos del occidente. Los cercos y bloqueos, convertidos en el arma política predilecta de dirigencias sectarias, han dejado de ser protestas legítimas para transformarse en actos de sabotaje criminal. El diagnóstico económico es devastador. Millones de dólares se esfuman diariamente mientras la producción se pudre en las rutas. Sin embargo, la verdadera tragedia no se mide solo en números abstractos, sino en las mesas vacías de las familias bolivianas. Los pequeños negocios, las tiendas de barrio, los transportistas y los gremiales, que viven del día a día, sufren una asfixia financiera implacable. Se destruye el empleo y se castiga al ciudadano trabajador, rehén de una intransigencia que busca el colapso del país para imponer agendas sectoriales.
La degradación moral de estos bloqueos alcanzó su punto más oscuro y repudiable con el cobarde ataque perpetrado por los denominados “ponchos rojos” contra un minibús que transportaba a niños con síndrome de Down. Este hecho no solo es una flagrante violación a los derechos humanos, sino una muestra de inhumanidad absoluta que extingue cualquier rastro de legitimidad. Apedrear a los más vulnerables no es rebeldía; es un acto de barbarie que merece el repudio unánime y la acción inmediata de la justicia. La violencia ciega ha cruzado líneas rojas que ninguna sociedad democrática puede tolerar.
Frente a este escenario de caos, resulta alarmante el silencio de ciertos sectores progresistas y de izquierda. Desde su comodidad, insisten en romantizar la delincuencia y en demonizar cualquier intento de restablecer el orden democrático. Para este relato antojadizo, toda intervención de la Policía es calificada automáticamente como “brutalidad policial” o “dictadura”. Es un profundo error de concepto que desconoce la esencia misma del Estado de derecho. El monopolio del uso legítimo de la fuerza coercitiva no es un capricho autoritario; es una garantía constitucional. Cuando el diálogo fracasa por la cerrazón de los violentos y los intolerantes, la represión legal y proporcional de los disturbios es la única herramienta para frenar el vandalismo y los crímenes.
Mantener las carreteras y calles libres y proteger a los ciudadanos no es opresión, es el deber primordial de las fuerzas del orden. La tolerancia mal entendida solo empodera a los violentos y desprotege a las mayorías silenciosas que exigen el derecho a trabajar y transitar en paz, pero esto lastimosamente parecen no entenderlo los sectores progresistas de izquierdas.
Los precios de todo están por las nubes y hay desabastecimiento de alimentos y medicamentos. ¿Hacia dónde va el país? ¿Estamos al borde de un despeñadero? El Estado boliviano no puede claudicar ante el chantaje del bloqueo ni ante la mirada condescendiente de una izquierda ciega ante el dolor del pueblo. Restablecer el orden público mediante el uso de la fuerza legítima no destruye la democracia; al contrario, la preserva frente a la anarquía que pretende destruirla. La pregunta es si estamos todavía a tiempo de hacerlo…