En el ámbito del salvataje corporativo, exigir que una nueva gerencia revierta en seis meses la quiebra financiera y moral gestada durante dos décadas de despilfarro es un absurdo técnico; en la política boliviana, es una hipocresía letal. El actual escenario de conflictividad social, marcado por el brutal cerco a La Paz y la asfixia económica del país, no es un estallido de reivindicación popular, sino la rabieta extorsiva de sectores que se niegan a perder sus privilegios en un Estado que ya no tiene caja para financiarlos. La Central Obrera Boliviana (COB), los Ponchos Rojos, las cooperativas mineras y los mal llamados “autoconvocados” han mutado de organizaciones sindicales a verdaderos cárteles de presión política.
Su modus operandi es el secuestro del aparato productivo: marchan, bloquean carreteras, dinamitan la paz social y estrangulan el abastecimiento de la Sede de Gobierno para imponer agendas sectoriales que, en muchos casos, encubren y protegen economías subterráneas oxigenadas por el narcotráfico y el contrabando. Es imperativo abandonar el romanticismo sociológico y aplicar el rigor analítico: el bloqueo sistemático de vías no es derecho a la protesta, es terrorismo económico. Estos grupos bloqueadores pretenden que el nivel central solucione por arte de magia un colapso estructural originado en veinte años de una borrachera rentista que destruyó las reservas internacionales, espantó la inversión y consolidó la informalidad salvaje. Si bien la figura de Evo Morales opera como un catalizador tóxico en este caos, reducir el problema a su terquedad caudillista es un error de diagnóstico.
Morales es apenas el exgerente de un modelo extractivista de lealtades compradas; el verdadero cáncer es el sistema prebendal que él mismo alimentó y que ahora ha cobrado vida propia, operando como un monstruo acéfalo que devora las instituciones para defender su impunidad operativa. El daño a la economía formal es incalculable: cada día de rutas cortadas significa millones en pérdidas, encarecimiento de la canasta básica y la inminente quiebra de pequeños y medianos empresarios, que son los únicos que sostienen la raquítica base tributaria de la nación. Sin embargo, frente a este chantaje sistemático, la respuesta de la actual administración peca de una tibieza alarmante. La prudencia gubernamental, cuando se prolonga ante el sabotaje directo de la infraestructura nacional, deja de ser tolerancia democrática y se convierte en complicidad por omisión.
El Estado tiene el monopolio legal del uso de la fuerza para garantizar el libre tránsito y el derecho al trabajo, pero el cálculo político y el evidente temor a la confrontación parecen paralizar la aplicación coercitiva de la ley. No se puede negociar la gobernabilidad cediendo soberanía territorial a milicias sindicales o grupos de choque.
La crisis actual debe ser el punto de inflexión para entender que ningún plan de estabilización funcionará en seis meses, ni en una década, si el Estado no recupera el principio de autoridad. Bolivia se enfrenta a una disyuntiva histórica de supervivencia institucional: o se impone el imperio de la ley sometiendo a las corporaciones chantajistas y extirpando la narco-economía enquistada en las bases sociales, o nos resignamos a ser un territorio fallido, administrado por el capricho del sector que tenga más dinamita y menos escrúpulos.
El autor es abogado.