El senador opositor, Branko Marinkovic, el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), por separado, rechazaron la posible abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras y afirmaron que la vía correcta es su modificación dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El pronunciamiento surge tras el diálogo en la Casa Grande del Pueblo entre el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, y representantes del sector campesino, donde se suscribió un acta que contempla la gestión ante la Asamblea para la abrogación de la norma.
“Como senador cruceño, estoy en contra que se abrogue, estoy dispuesto a hacer la modificación en la ley, pero de ninguna manera voy a aceptar que se abrogue”, expresó el legislador. “Abrogar una ley para hacer una nueva normativa significa mucho tiempo, en un país que necesita que la economía se reactive”, agregó.
Para Marinkovic, la Asamblea Legislativa es una instancia independiente y no puede supeditarse a los acuerdos entre el Gobierno y los sectores sociales, por lo que insistió en que los ajustes deben realizarse sin derogar la norma vigente.
“Si quieren una adenda donde se confirme que no afecta a las tierras comunitarias o a las tierras campesinas, lo podemos hacer muy fácilmente, con una modificación a la ley y eso se puede pasar muy rápidamente”, resaltó.
El acuerdo quedó plasmado en un acta de coordinación y trabajo firmada entre las partes, donde se suscribieron varios puntos de seguimiento, la cual se conoció ayer.
En el mismo proceso de diálogo, la Csutcb planteó además la reducción del 50% del sueldo de los asambleístas, la eliminación de la renta vitalicia de expresidentes y el archivo de la ley antibloqueo como parte de su pliego de demandas.
CAMACHO
El exgobernador cruceño y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, también rechazó la posibilidad de abrogar la Ley 1720 y advirtió que el país no debe “ceder al chantaje” de sectores que, según advirtió, respaldaron políticamente a Evo Morales y al Movimiento al Socialismo (MAS).
“Bolivia no puede ceder al chantaje de los grupos corporativos que, en el pasado reciente, sostuvieron políticamente a Evo Morales y al Movimiento al Socialismo, y que hoy buscan desestabilizar el país para reconstituir la dictadura masista, que tanto daño le hizo a Bolivia”, sostuvo la exautoridad.
Camacho defendió la vigencia de la norma y enfatizó que su eliminación afectaría derechos vinculados a la propiedad rural y al acceso a financiamiento para pequeños productores, tomando en cuenta que su puesta en vigencia de dicha ley facilita al pequeño productor el acceso al crédito y a la modernización de sus capacidades productivas
“Rechazamos rotundamente la abrogación de la Ley 1720, ya que constituye una violación a la libertad de decisión de los bolivianos propietarios de pequeñas propiedades rurales en nuestro país”, resaltó a través de sus redes sociales. No se puede retroceder ni un milímetro en la defensa de esos derechos”, agregó.
Por su parte el exdiputado y excolaborador de Camacho, Jairo Guiteras, consideró que el Gobierno no debe dar marcha atrás con la norma, considerando que “no es lo mismo construir consensos que ceder a los chantajes y la extorsión de grupos que claramente buscan desestabilizar la gestión”.
AGROPECUARIOS
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) cerró filas en rechazo a la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras, advirtiendo al Gobierno nacional con medidas de presión si es que se viabiliza este asunto.
“Hemos resuelto exigir al Poder Ejecutivo el retiro de todo apoyo gubernamental a la abrogación de la Ley 1720”, sostuvo el presidente de la CAO, Klaus Frerking, al advertir con “iniciar medidas de presión progresivas”, comenzando con la Asamblea de Productores fijada para 14 de mayo en Montero.
Desde el sector productivo y desde el propio Gobierno nacional venían reflejando que la norma promulgada hace menos de un mes abre la posibilidad a los pequeños productores de acceder a créditos de la banca, contemplando la conversión de pequeñas propiedades en medianas.
“Estas medidas (anuncios de abrogación) no son errores técnicos. Son decisiones políticas que tienen un costo humano concreto: miles de pequeños productores que hoy no acceden al crédito formal seguirán excluidos del sistema financiero, no por falta de activos, sino por una normativa que el propio Gobierno defiende a espaldas de sus necesidades”, expresó Frerking.
Asimismo, el ejecutivo hizo un llamado a diputados y senadores para defender a los productores y no viabilizar la abrogación de la ley, tomando en cuenta que el 90% de los pequeños productores titulados del país no puede acceder a financiamiento formal.
“El campo no pide subsidios. Pide reglas claras, seguridad jurídica y acceso al crédito. Si eso es demasiado pedir, el país entero merece saberlo”, agrega el pronunciamiento de la entidad productiva. (Con información de Unitel y Canal Rural)