Delirio de aumento salarial en una Bolivia en ruinas

La realidad económica de Bolivia hoy no admite eufemismos: el país se encuentra en un estado de quiebra técnica y está al borde de un colapso financiero sin precedentes. Con una inflación que proyecta superar el 20% para 2026 y un mercado de divisas donde el dólar paralelo se disparó, el reciente pedido del magisterio de elevar los salarios hasta en un 20% no es solo una demanda gremial; es un acto de absoluta irracionalidad económica, secundado por intereses políticos.
La pregunta que el magisterio y otros sectores sociales evaden con ligereza es: ¿de dónde saldrá el dinero? Bolivia cerró el 2024 con un déficit público del 8,7% del PIB, situándose entre los países con peor salud fiscal del mundo. Las arcas del Estado están vacías tras años de un modelo populista basado en el despilfarro de los ingresos del gas, cuyas exportaciones se desplomaron más del 70% en la última década. Pedir un aumento, en este contexto, es exigir que se imprima moneda sin respaldo o que sean confiscados los pocos ahorros que le quedan al sistema, acelerando una hiperinflación que terminará devorando, precisamente, el poder adquisitivo de esos mismos maestros. Elevar salarios es sencillamente irracional.
Resulta, además, profundamente cínico que estos sectores denominados «nacional-populares», que durante casi dos décadas fueron el brazo civil y el sustento político del Movimiento al Socialismo (MAS), actúen hoy como si fueran víctimas ajenas al descalabro. El magisterio fue cómplice silencioso, y a veces activo, de la construcción de este modelo estatista e insostenible que hoy nos pasa la factura. Esos sectores sociales apoyaron históricamente a gobiernos populistas. Ahora que el «Proceso de Cambio» se ha quedado sin combustible y sin dólares, pretenden desmarcarse de la responsabilidad del autor del desastre, exigiendo privilegios que el país ya no puede costear.
No obstante, la crítica no debe agotarse en los sindicatos. El actual gobierno —que parece seguir la inercia de la gestión de Luis Arce e incluso hereda vicios de épocas pasadas— incurre en un error garrafal al no cerrar o privatizar de inmediato las empresas públicas deficitarias. Según informes oficiales de abril de 2026, al menos 64 de las 67 empresas estatales operan con pérdidas acumuladas que superan los 8.000 millones de bolivianos. Es un drenaje de divisas intolerable pagar sueldos a miles de personas en entidades que nada aportan al país. Mantener estos elefantes blancos por mero cálculo político es una bofetada a la ciudadanía que confió en Paz y que hoy hace filas por combustible y ve cómo sus ahorros se esfuman.
Si el Ejecutivo no tiene el coraje de liquidar estos focos de ineficiencia y si los sectores sociales no comprenden que ya no hay botín que repartir, el destino de Bolivia es el precipicio. No es momento para maquillar la situación: Bolivia está al borde de una crisis social, resultado de la crisis económica. Un aumento salarial hoy no es justicia social; es el último clavo en el ataúd de nuestra estabilidad.