En el debate económico reciente se ha instalado una afirmación provocadora: “el déficit no es deuda”. En términos contables, es correcta. El déficit mide un flujo —la diferencia entre gasto e ingresos—, mientras que la deuda es un stock —la acumulación de obligaciones. Pero detenerse ahí es quedarse en la superficie.
Lo relevante no es la definición, sino la dinámica que conecta déficit, deuda y crecimiento. Un déficit persistente no desaparece por no financiarse con bonos; cambia de forma. Cuando el financiamiento proviene del Banco Central, la presión no aparece como deuda explícita, pero se traslada a la liquidez, al tipo de cambio, a las expectativas y, finalmente, a las reservas internacionales. La restricción no se elimina: se desplaza.
Por eso, la sostenibilidad del déficit no es ideológica, sino aritmética. Un déficit es manejable si la economía crece más rápido que ese déficit o que la deuda asociada. Hoy Bolivia enfrenta lo contrario: un desequilibrio cercano al 14% del PIB en 2024, con crecimiento de apenas 2%–2,5%. El problema crece varias veces más rápido que la economía. En paralelo, la deuda pública ampliada se aproxima al 80% del PIB. No es una trayectoria estable; es acumulativa.
El crecimiento, sin embargo, no es neutro. Puede entenderse de forma simple: los hogares tienden a ahorrar parte de sus ingresos. Para que haya crecimiento, alguien debe gastar más de lo que ingresa. Ese rol suele recaer en las empresas, que invierten y se endeudan. Si no lo hacen, el Estado puede asumirlo mediante el déficit o generando condiciones para que el sector privado invierta.
Pero aquí está el punto crítico: no todo crecimiento estabiliza. El crecimiento que sostiene un déficit es el que amplía la capacidad productiva, fortalece exportaciones y genera divisas. Cuando depende del consumo importado o del gasto sin expansión de oferta, el resultado es mayor dependencia externa. Bolivia se acerca a ese patrón, con subsidios energéticos superiores a 2.000 millones de dólares anuales.
Ahí emerge el verdadero límite: la restricción externa. En una economía abierta, parte del gasto se convierte en importaciones, es decir, en demanda de dólares. Si esa demanda no es compensada por exportaciones, el desequilibrio se traslada al tipo de cambio y a las reservas.
Hoy esa restricción es crítica. Las divisas líquidas han caído de alrededor de 355 millones a apenas 52 millones de dólares en cuestión de días, mientras más del 96% de las reservas está en oro, con baja liquidez inmediata. Esto no es una tensión potencial; es una limitación operativa. El mercado ya lo refleja: una brecha cambiaria de 50%–70% no es una anomalía, sino la señal de un sistema con escasez de dólares.
Sobre esta fragilidad interna se proyecta ahora un shock externo de gran magnitud. La escalada del conflicto con Irán no es un evento lejano: es un shock energético directo. El mercado anticipa precios del petróleo en rangos de 120 a 150 USD por barril, dependiendo de la evolución del conflicto.
Este shock tiene efectos conocidos: eleva la inflación global, reduce el crecimiento y encarece el financiamiento. En economías como la boliviana, el impacto es más profundo. No es solo un problema de precios; es un problema de divisas, subsidios y sostenibilidad macroeconómica.
En primer lugar, el encarecimiento del petróleo deteriora los términos de intercambio. Para Bolivia, importadora neta de combustibles, esto implica un aumento inmediato en el costo de importación. Y aquí surge una contradicción clave: el marco normativo reciente —como el DS 5516— buscaba contener los subsidios, pero el nuevo entorno empuja en la dirección opuesta.
Mantener precios internos estables en un contexto de petróleo caro implica incrementar los subsidios y el gasto fiscal. En la práctica, esto revierte la consolidación fiscal. El resultado es un circuito claro: más subsidios – más déficit – mayor presión sobre reservas o emisión – más tensión cambiaria.
En segundo lugar, el shock energético agrava la restricción externa. Cada aumento en combustibles implica mayor demanda de dólares en una economía que ya no los tiene. Con reservas líquidas en niveles mínimos, el margen de absorción es muy limitado.
En tercer lugar, el impacto se traslada a precios. La energía afecta transporte, producción y logística. La inflación, que podría escalar hacia 8%–12% o más, deja de ser solo monetaria y pasa a ser estructural. El tipo de cambio paralelo deja de ser marginal y se vuelve referencia efectiva.
Finalmente, el entorno global reduce aún más el margen de maniobra. Tasas internacionales elevadas y menor crecimiento mundial encarecen el financiamiento y reducen exportaciones. Para un país con alto déficit y acceso limitado a crédito, esto implica riesgo de estrangulamiento financiero.
La conclusión es clara: el shock energético no es aislado. Actúa como acelerador de debilidades internas, conectando déficit, subsidios y divisas. Por eso, más que el precio del petróleo está en juego la sostenibilidad macroeconómica. Cuando el petróleo sube, en economías sólidas sube la inflación; en economías con restricción externa, sube el riesgo de crisis.
En este contexto, discutir si el déficit es o no deuda pierde sentido. La cuestión central es si la economía puede sostener sus equilibrios externo, cambiario, monetario y fiscal. Cuando esa consistencia se rompe, el déficit deja de ser herramienta y se convierte en un mecanismo de inestabilidad. Emergen restricciones acumuladas que se pagan vía devaluación, inflación o ajuste.
La lección es directa: la sostenibilidad no depende del nombre del déficit, sino de la capacidad de absorber sus efectos. Porque cuando un déficit del 14% o del 8% del PIB convive con bajo crecimiento, escasez de dólares y un shock energético global, el debate deja de ser técnico. Se convierte en un límite material. La Economy no negocia: impone la factura.
El autor es economista PhD, cunsultor internacional.