El dilema del gas: pragmatismo o apagón

Bolivia se asoma a un precipicio energético que ya no permite distracciones ideológicas. Durante casi dos décadas, el gas natural fue el motor del crecimiento nacional; hoy, ese motor amenaza con detenerse. Los datos son implacables: la producción ha caído más del 50% en la última década y, según proyecciones recientes, el país podría dejar de exportar este mismo año, comprometiendo incluso el abastecimiento interno hacia 2029. Ante esta realidad, la modificación de la Ley de Hidrocarburos (N° 3058) ha dejado de ser una opción técnica para convertirse en una urgencia de supervivencia nacional.
El modelo vigente, diseñado en un contexto de precios altos y reservas abundantes, cumplió un ciclo. Sin embargo, su excesiva carga fiscal —con una captura estatal del 50% del valor de la producción— y la falta de incentivos reales han ahuyentado la inversión privada en exploración. Sin nuevos pozos, no hay reservas; y sin reservas, el “corazón energético” de Sudamérica corre el riesgo de convertirse en un importador neto de energía, drenando las ya escasas divisas del Estado.
Expertos y gremios del sector coinciden en que Bolivia necesita urgentemente un nuevo marco regulatorio que modernice el sistema fiscal y agilice los contratos. No se trata de un favor a las transnacionales, sino de recuperar la competitividad frente a vecinos como Argentina o Brasil, que ofrecen condiciones más atractivas para el capital de riesgo que la exploración requiere.
Como era de esperar, las voces de la izquierda ya se alzan advirtiendo que cualquier apertura al capital privado implica “perder el control de los recursos naturales” o una “traición a la nacionalización”. Este es un falso dilema. El verdadero control sobre un recurso natural no se ejerce teniéndolo bajo tierra, inutilizado y agotándose, sino transformándolo en riqueza tangible para los ciudadanos.
¿De qué sirve el “control soberano” de un pozo seco? La verdadera soberanía energética consiste en garantizar que cada hogar boliviano tenga gas y que la industria nacional no se detenga. Abrir la exploración a capitales privados, bajo una regulación estatal estricta y moderna, no es entregar el país; es atraer los miles de millones de dólares que el Estado boliviano no tiene para asumir el riesgo de buscar nuevas reservas.
El Gobierno ha dado pasos tímidos con proyectos de ley para reactivar el sector, pero el tiempo es un lujo que Bolivia no posee. Mientras las reservas caen, los bolivianos siguen polemizando sobre las torpezas o tonterías proferidas por mediocres burócratas o funcionarios. Y cada día que pasa sin una ley que ofrezca seguridad jurídica y rentabilidad competitiva es un día más de declive. La ideología no llena los tanques de gas ni financia bonos sociales. Si Bolivia no se atreve a reformar su estructura hidrocarburífera ahora, el «control total» que algunos defienden terminará siendo el control total sobre la nada.