Hace poco, desde la ciudad de El Alto, el gobierno actual hizo conocer el Programa Nacional de Titulación Masiva, para que adquieran derecho propietario más de 30 mil familias en todo el territorio nacional. Es decir que se regularizará más de 30 mil viviendas (en El Alto son 8 mil) que están repartidas en 250 urbanizaciones del país. Entre los beneficiarios están adjudicatarios del exFonvis, sus herederos y ocupantes permanentes.
Ofrecimientos parecidos ya habían sido hechos por candidatos en la pasada campaña electoral, pero, desde entonces, parecía que serían archivados definitivamente. Sin embargo, el anuncio presidencial ha removido el asunto. Según ese reciente anuncio, los adjudicatarios de viviendas cuando reciban sus títulos de propiedad podrán hacer una serie de operaciones financieras para mejorar sus viviendas y mejorar su nivel de vida. Esa medida, cuando sea aplicada, tendrá notable efecto económico y hasta político, pues se beneficiará en todo el país a miles de personas y a partir de entonces se sentirán verdaderos ciudadanos bolivianos.
Empero, otros sectores sociales del país, como los campesinos que ocupan pequeños terrenos, no pueden venderlos por la prohibición establecida en la Constitución Política vigente desde 2009. No pueden hacer negociaciones económicas porque no tienen derecho de propiedad. En efecto, dar a los dueños de viviendas de los centros urbanos título de propiedad y no hacerlo con los pequeños propietarios de parcelas de miseria del altiplano y los valles, es un acto de discriminación que no debería suceder en el Siglo XXI.
Reiteramos que la Carta Magna actual, impuesta en 2009 por el gobierno de Evo Morales, quitó a los campesinos parcelarios el derecho de propiedad sobre sus lotes de miseria, por lo que no pueden venderlos ni solicitar créditos sobre ellos, para ampliar cultivos de alimentos y así contar con mayores recursos económicos para subsistir. Además, con la seguridad de que sus parcelas son de su propiedad.
Por consiguiente, por un lado, el gobierno actual ofrece otorgar títulos a miles de adjudicatarios de viviendas, pero, por otro, se olvida de una gran cantidad de pequeños propietarios de tierras agrícolas, por lo que se mantiene la prohibición a que puedan vender sus lotes. Es decir que no gozan de los derechos de propiedad que les corresponden. Está muy bien que se entregue títulos de propiedad a los dueños de viviendas en zonas urbanas, sin embargo no es correcto mantener la prohibición a la venta de tierras para los campesinos parcelarios, que, por lo demás¸ son los que alimentan las ciudades y enriquecen al país año tras año, sin pedir algo a cambio.
Sobre el tema, cabe recordar que el ilustre pensador Franz Tamayo, dijo que el indio da todo al Estado y el Estado nada da al indio. Situación que ya fue superada en 1953 con la Reforma Agraria, pero luego empeoró por la falta de visión de gobiernos posteriores. Y hoy sigue en vigencia esta prohibición, incluida por el masismo en la Constitución Política que rige actualmente en el país y que no se ha podido reformar.