En Bolivia, la inflación real no es una cifra en un informe, se siente en el bolsillo, en cada mercado y en la pérdida del poder adquisitivo del boliviano, que se escurre como agua entre las manos. En ese escenario, muchos jubilados —aquellos que siguen trabajando en empresas públicas porque su renta no les alcanza— han recibido una noticia difícil de digerir: en lugar de subir, su jubilación ha bajado.
No es una exageración. Un jubilado que cobraba hasta diciembre del año pasado 1.938 bolivianos ahora recibe 1.907. Son 31 bolivianos menos. Para algunos puede parecer insignificante. Para quien vive contando monedas, es una semana de pan, un par de medicamentos o el pasaje del mes.
La explicación oficial de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, respaldada por la Ley N.º 065 y una circular de la Autoridad de Fiscalización, es técnica y fría: la Fracción de Saldo Acumulado depende de la “mortalidad del grupo” y de la “rentabilidad del fondo”. Dicho sin fórmulas: si las inversiones no rinden lo esperado o si los cálculos actuariales no se cumplen, la renta puede ajustarse hacia abajo o si el grupo de jubilados no muere con la frecuencia prevista en sus cálculos matemáticos, el jubilado paga los platos rotos. ¿Desde cuándo el riesgo de las inversiones del Estado debe recaer sobre el bolsillo de los jubilados? Es inaudito que la rentabilidad negativa —o insuficiente— se traduzca en un descuento directo a una renta que ya de por sí es de sobrevivencia.
Es ahí donde la indignación nace. Porque detrás de esas palabras técnicas hay personas de carne y hueso. Hombres y mujeres que aportaron durante 30 años o más, que confiaron en el sistema y que hoy sienten que el riesgo de las inversiones estatales termina cayendo sobre sus propios bolsillos.
Mientras tanto, la Compensación de Cotizaciones se actualiza según la UFV, pero ese pequeño alivio es absorbido casi de inmediato por la caída de la otra fracción. El resultado final no es neutro: es negativo. Y eso, en un contexto donde todo sube, duele el doble.
El problema no es solo el monto. Es el mensaje. Se supone que la jubilación es el momento en que el esfuerzo de toda una vida ofrece tranquilidad. Sin embargo, bajo el esquema actual, parece convertirse en una cifra variable, sujeta a la suerte de los mercados y a decisiones administrativas que el jubilado no controla.
Muchos de ellos siguen trabajando no por vocación, sino por necesidad. Aun así, ven cómo su renta disminuye. La sensación es de desprotección. De estar solos frente a un sistema que habla en lenguaje financiero, pero que pocas veces mira a los ojos a quienes dependen de ese ingreso para vivir.
Exigir que las rentas no bajen —y que acompañen, al menos, el costo de vida— no es pedir privilegios. Es pedir coherencia y responsabilidad. Si el Fondo de Vejez no genera la rentabilidad esperada, la carga no debería trasladarse automáticamente a quienes ya cumplieron con su parte: aportar durante décadas con la esperanza legítima de una vejez digna.
No se trata solo de 31 bolivianos. Se trata de la confianza en el sistema y del respeto a quienes sostuvieron al país con su trabajo.
La Gestora Pública no puede seguir escudándose en tecnicismos para justificar la reducción de ingresos de los más vulnerables. Si el Fondo de Vejez no es rentable, la responsabilidad es de quienes lo administran, no de quien aportó durante 30 años con la esperanza de una vejez digna.
El autor es periodista y Comunicador Social.