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Meritocracia devaluada en feudos universitarios

Marcelo Chinche Calizaya

Uno de los grandes aportes de la Edad Media fue, sin duda, el nacimiento de la Universidad a partir de los gremios (maestros y estudiantes), las escuelas monásticas y catedralicias vinculadas a la institución clerical; cuyo fundante propósito fue la preservación y transmisión del conocimiento superior de la época.
La Universidad representa la reserva moral, ética e intelectual de la sociedad; el eje transformador de la cultura, el baluarte indestructible de la autonomía y la cuna del pensamiento crítico; la producción de conocimiento, la búsqueda incansable de la verdad y la renovación permanente de los más grandes ideales humanos.
Sin embargo, desde la humilde cotidianeidad transitada en el espacio universitario y la honestidad intelectual, debe estar dispuesta a ser criticada y a ser crítica consigo misma en el momento de imaginar ingenuamente que las facultades y carreras constituyen “territorios neutrales”, donde la capacidad, idoneidad e integridad, junto al rigor científico y el esfuerzo, sean las únicas credenciales que validan reconocimiento y ascenso. De hecho, no resulta complicado evidenciar que detrás de aquel idealizado arquetipo de solemnidad de títulos construido, suelen furtivamente externalizarse insalubres prácticas y formas de descomposición más perniciosas y renuentes de extirpar: el clientelismo degenerativo e impresentable en los procesos de selección y ascensos académicos que consolidan y perpetúan la deshonestidad, ilegalidad y corrupción naturalizada por aquellos feudos universitarios.
Este problema no es nuevo, pero se vuelve insufrible e inaceptable cuando aquellos sistemas de evaluación diseñados para garantizar la ecuanimidad, justicia y búsqueda de excelencia suelen abruptamente transformarse en herramientas milimétricas de ingeniería contable direccionadas, dando lugar al clásico fenómeno de la “compensación de resultados”, que se aplica precisamente cuando un postulante deslumbra de manera indiscutible en la fase de méritos, resultado de años de producción científica, formación y perfeccionamiento profesional, experiencia docente y trayectoria verificable. Solo para ver cómo su ventaja se pulveriza “sugerentemente” en las siguientes etapas de evaluación escrita o subjetiva; pues aquellos que califican suelen actuar bajo sospecha, asignando valoraciones con precisión milimétrica de franca ventaja y favorecimiento al candidato mimado y regalón de un determinado entorno de poder; externalizando con ello, la colonización del clientelismo y el pago de favores de orden político instalado en la esfera académica.
De hecho, cuando la subjetividad de un tribunal examinador pesa más que la evidencia de legítimas credenciales como el currículum y la trayectoria demostrada; la academia simplemente deja de evaluar la idoneidad y pasa a premiar la sumisión filial normalizada, lanzando un mensaje deshonroso y devastador: el “esfuerzo no vale tanto como la influencia”.
Este entramado de maniobras tiene efectos negativos en todo nivel. Por ejemplo, el debilitamiento sistemático de la buena fe e integridad institucional; decadencia de la investigación y consecuente pérdida de pertinencia social e incidencia en el entorno; la fuga inminente de cerebros y el desincentivo a intelectuales sobresalientes que optan por el “retiro y autoexilio institucional”, al constatar que el mérito académico definitivamente representa un estorbo que incomoda, fastidia y exaspera a los feudos de poder clientelar enraizado. Además del fraude educativo, donde los estudiantes son las víctimas silenciosas, siendo condenados a una formación desactualizada y mediocre.
Aún es tiempo de salvar la academia y evitar que la misma se convierta en “sucursales de puestos reservados” que devalúan la meritocracia, azuzados por procesos selectivos que operan en el secreto de cuatro paredes, con calificaciones hechas a medida. Por lo que la implantación de auditorías académicas externas no es ni debe ser un acto de rebeldía, sino un deber democrático, en tanto se deje establecido que la probidad e idoneidad no son negociables.

Marcelo Chinche Calizaya Ph.D.

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