La temporada de carnavales en Bolivia debería ser motivo de orgullo colectivo, celebración de identidad y turismo cultural. Sin embargo, lo que enfrentamos en Cochabamba este año —y lo que ocurre con eventos como el Corso de Corsos y la emblemática entrada del Carnaval de Oruro— nos obliga a una reflexión profunda: ¿estamos preservando nuestras tradiciones o permitiendo que se desdibujen bajo la presión del consumismo desenfrenado, la negligencia y la falta de visión cultural?
Los sucesos de borracheras y elevado índice de violencia y feminicidios no son meros incidentes aislados. Son síntomas de una precariedad de políticas culturales y sociales que debe preocuparse por educar, proteger y ofrecer alternativas sanas de participación en fiestas populares. El Carnaval no puede, ni debe, convertirse en un pretexto para normalizar el agio, el exceso y el desorden. La fiesta tiene historia, familia y comunidad, y todas esas dimensiones merecen respeto y protección. La responsabilidad no es solo del individuo, sino también de las autoridades que permiten, toleran o ignoran estos comportamientos sin estrategias claras de prevención, educación o regulación.
En paralelo, los precios exagerados, fuera de la realidad, de las graderías altera la esencia de la festividad y excluye a la población vulnerable económicamente en predios públicos que son mercantilizados. Es necesario que los organizadores, patrocinadores y el gobierno municipal trabajen juntos para garantizar precios justos.
El deterioro de El Prado de Cochabamba, espacio que debería ser joya urbana histórica y centro de encuentro social como en otros tiempos de décadas pasadas, es otro doloroso recordatorio de la falta de compromiso con nuestro patrimonio. Un lugar que vio tantas generaciones celebrando y sintiéndose parte de una cultura viva, hoy se convierte en un basurero después de estos festejos carnavaleros, que opacan el nostálgico recuerdo del paseo de La Alameda que los disfrutaron distintas generaciones.
La solución más salomónica para satisfacer a una población cochabambina que quiere disfrutar de ver a las fraternidades de bailes típicos y cuidar el patrimonio histórico del paseo de El Prado es trasladar el Corso de Corsos al circuito Bolivia alrededor de la laguna Alalay, pero que parta del campo ferial donde las personas de la tercera edad y los que van con niños puedan asistir cómodamente y comiendo en la plaza de comidas. Es decir como un festival folklórico cultural, para que luego los danzarines salgan a bailar hacia exteriores de forma ordenada y vigilada por drones y gran seguridad de la policía nacional. La venta de bebidas alcohólicas queda prohibida por razones obvias de bienestar, las comerciantes asentadas en un solo lugar, no dispersas por donde quieren, y con ordenanza municipal para que todos boten sus basuras a un solo contenedor, sino se aplica Bs 1.000 de multa en el instante del delito.
En este contexto, el Corso de Corsos de Cochabamba y la entrada del Carnaval de Oruro, que representan manifestaciones emblemáticas de nuestra identidad, nos muestran que sí es posible organizar fiestas populares con sentido de arraigo cultural, respeto por la historia y, al mismo tiempo, atractivo turístico. Sin embargo, esa doble responsabilidad —cultural y comercial— solo se cumple si hay planificación, voluntad política y respeto por la ciudadanía.
Cochabamba, como muchas otras regiones, enfrenta el desafío de equilibrar celebración y respeto, tradición e innovación. El carnaval no se reduce a una fecha en el calendario; es parte de nuestra historia viva. Evitemos que se torne en un espectáculo vacío favoreciendo vicios alcohólicos. Recuperemos el sentido comunitario, preservemos nuestros espacios públicos y hagamos que la fiesta sea inclusiva, segura y verdaderamente representativa de nuestras raíces bolivianas.
La autora es comunicadora social, investigadora de historia y escritora.