El accidente del Hércules en El Alto, que ha dejado un saldo de al menos 24 fallecidos, no solo es una catástrofe aeronáutica; es una radiografía de las fracturas sociales de Bolivia, sobre las cuales se debe reflexionar. Mientras los familiares de las víctimas atraviesan el silencio gélido de la morgue, las imágenes de cientos de personas disputándose billetes entre los restos humeantes ofrecen un espectáculo de deshumanización que exige un análisis razonado y no la simple condena hecha al calor de los acontecimientos.
La primera capa de esta tragedia es el dolor humano, las lágrimas. Ninguna cifra numérica de billetes ni ningún debate político puede mitigar el vacío de las familias que hoy velan a sus muertos. ¿Cómo de desgarrada se sentirá aquella persona que ve ocho ataúdes en un velorio? La empatía con todos los dolientes debe ser el punto de partida: ciudadanos que salieron de sus hogares para no volver a ver a sus seres queridos por una falla mecánica o humana que terminó en el terrible accidente. Frente a este duelo, el acto de rapiña se percibe como una profanación. Robar en el lugar de una tragedia es, por definición, ignorar la sacralidad de la vida y el respeto al sufrimiento ajeno.
Sin embargo, el juicio debe ser equilibrado, separando el acto de la condición. Quienes corrieron tras el dinero no son necesariamente monstruos; son, en gran medida, el producto de condiciones materiales. El Alto es una ciudad de claroscuros, en la que la economía de supervivencia empuja a individuos a ver en el caos una oportunidad de alivio inmediato. Cuando la carestía de años se encuentra con billetes esparcidos en el suelo, la moralidad abstracta suele sucumbir ante el instinto humano. No se trata de justificar el robo —que es objeto de investigación fiscal contra decenas de personas—, sino de entender que el pillaje es un síntoma de una enfermedad social más profunda: la falta de esperanza y de un tejido ético que resista la presión de la miseria. Además, hay que entender que 20 años de adoctrinamiento e incultura masistas pueden pasar una gran factura.
La actitud de quienes dificultaron las labores de rescate o incluso dañaron ambulancias para asegurar un botín es injustificable desde cualquier marco legal o ético. Es la expresión máxima de la anomia social. Pero culpar únicamente a la «maldad» individual o generalizar culpando a “los alteños” es ignorar la responsabilidad del Estado y caer en la necedad.
Lo ocurrido en El Alto nos deja dos tareas urgentes. La primera, acompañar a los deudos en su exigencia de justicia y verdad sobre las causas del siniestro, además de prevenir futuros accidentes. La segunda, reflexionar sobre cómo hemos construido una sociedad donde, para algunos, el valor de un billete —irónicamente sin valor legal en este caso— pesa más que la vida de un compatriota; en palabras sencillas, humanizar nuevamente a los individuos del colectivo social. La tragedia aérea terminó en minutos; la tragedia social de la rapiña y el hambre tardará mucho más en sanar.
Anatomía de una tragedia
- Advertisment -
