En el marco de las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportó la resolución de más de 1.000 impugnaciones, entre apelaciones y recursos extraordinarios de revisión, vinculadas principalmente a la inhabilitación de candidaturas por incumplimiento de requisitos constitucionales y legales.
Se informó que, a través de su Dirección Jurídica, la institución atendió más de 20 acciones constitucionales. De ellas, cinco estuvieron relacionadas con candidaturas de Acción Democrática Nacionalista, Unidad Cívica Solidaridad y sus respectivas alianzas electorales, debido a la pérdida de personalidad jurídica por no haber alcanzado el 3 % de votación en las Elecciones Generales 2025.
En todos los casos, las decisiones jurisdiccionales del TSE fueron ratificadas por distintas salas constitucionales y jueces de garantía, consolidando así el principio de preclusión y el respeto a las competencias del Órgano Electoral.
Con la notificación efectuada este 2 de marzo a un candidato a la Gobernación de Tarija y a un candidato a la Alcaldía de Cochabamba, la Secretaría de Cámara del TSE informó que no existen notificaciones pendientes respecto a las causas ya resueltas.
En relación con las tareas jurisdiccionales del TSE, se conocieron declaraciones de algunos candidatos, en su mayoría inhabilitados, sobre diversos aspectos, como una presunta falta de notificación de las resoluciones que determinaron su estado o insinuaciones respecto a una supuesta aplicación incorrecta de la norma.
Al respecto, se aclaró que el TSE ha desarrollado todas sus actuaciones en resguardo de los derechos políticos y ciudadanos, tanto de las personas elegibles como de los electores, asumiendo cada causa con absoluta responsabilidad y con el correspondiente análisis técnico y jurídico.
El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que “no existen privilegios de unos candidatos sobre otros” y que, si bien las decisiones ya fueron asumidas, la formalización y notificación de las resoluciones puede demorar horas o días debido a la alta carga jurisdiccional; sin embargo, estas se realizan dentro de los plazos.