La crisis económica en Bolivia tiene sus repercusiones en el empleo. Mientras el país enfrentó el menor crecimiento proyectado para Sudamérica en 2025, el mercado laboral se fragmenta; en la actualidad, 8 de cada 10 trabajadores operan en la informalidad, sin seguro ni beneficios. La combinación de una moneda debilitada y una inflación real que golpea la canasta básica ha empujado a miles de familias a la economía de supervivencia, profundizando una brecha de género donde el 86% de las mujeres trabajadoras carece de estabilidad contractual.
La informalidad laboral se consolida como la debilidad más sentida en el plano económico en América Latina. Según el último informe laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta grieta estructural persiste como el desafío más crítico para la estabilidad de la región, afectando la calidad de vida de millones de trabajadores.
Casi la mitad de los trabajadores en América Latina sobrevive en la sombra de la informalidad. El último reporte de la OIT indica que el 47% de los ocupados en la región carece de seguridad social y estabilidad, una cifra alarmante que desvela la precariedad laboral en 12 países del continente.
De acuerdo con este estudio, América Latina logra una moderada mejora en sus indicadores de empleo, luego de alcanzar un máximo del 49,8% en 2021, la informalidad regional bajó al 48% en 2024 y continúa su descenso en la primera mitad de 2025 (46,7%). A pesar de esta “oxigenación” del mercado en 15 países evaluados, la estructura laboral de la región sigue anclada en la precariedad.
Bolivia registra la mayor tasa de informalidad laboral de la región (82,3%), situándose a una distancia abismal de Uruguay, que ostenta la cifra más baja con un 22,3%. La OIT atribuye el deterioro en países como Bolivia, Argentina y Ecuador a la caída de la cantidad de puestos formales en relación con el aumento de las ocupaciones informales.
La informalidad en el país es crítica frente al promedio regional. Los últimos datos de 2024 y 2025 muestran una región que estabiliza su informalidad cerca del 47% para ambos sexos. No obstante, Bolivia rompe la tendencia con cifras que duplican estos indicadores, evidenciando que la brecha de género y la falta de estabilidad laboral son desafíos significativamente más agudos que en los países vecinos.
Ante este panorama, el Instituto Nacional de Estadística (INE), en su más reciente informe laboral de Bolivia, confirma una tendencia a la baja en la desocupación, que pasó del 3,7% en 2024 al 3,1% en el segundo trimestre de 2025. La cifra refleja una mejora sostenida en la absorción de mano de obra en las ciudades del país.
El mercado laboral urbano consolida su volumen, alcanzando los 4,87 millones de personas ocupadas. Sin embargo, la radiografía del empleo muestra una dependencia crítica del sector comercial: esta actividad no solo lidera la generación de puestos de trabajo, sino que sostiene a uno de cada cuatro trabajadores (24,2%). Con 1,18 millones de personas dedicadas al intercambio de bienes y servicios, el comercio se ratifica como el principal motor —y a la vez el refugio— de la fuerza laboral en las ciudades.
Le siguen otros cuatro sectores que dinamizan la economía urbana. A la cabeza de la lista se encuentran la manufactura (15%), los servicios de alojamiento y gastronomía (11,4%) y la logística (9,3%). Sumados, estos rubros representan la fuente de sustento para seis de cada diez trabajadores urbanos del país.
Con un volumen de 5,27 millones de personas, la fuerza laboral del país (PEA) se expandió un 3,7% en el último año. Este crecimiento se refleja en una Tasa Global de Participación (TGP) del 75,9%, lo que sugiere una oferta de trabajo robusta y una mayor presión por parte de la población para integrarse al aparato productivo.
La brecha de género persiste como un desafío estructural. Actualmente, existe una distancia de 10,8 puntos en la ocupación entre hombres (79,0%) y mujeres (68,2%). La tendencia se confirma en la participación laboral, donde la presencia masculina (80,9%) continúa siendo significativamente superior a la femenina (71,0%).
Pese al optimismo del reporte oficial, el panorama internacional sugiere cautela. La OIT, por ejemplo, reveló que el mercado laboral boliviano cerró el 2025 con una desocupación del 5,1%, evidenciando un marcado contraste con las métricas del INE.
Ante el reciente incremento en el precio de los carburantes y la eliminación de los subsidios decretados por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, el norte del Gobierno parece estar definido. Según el analista y docente universitario José Luis Medinaceli Salas, la estrategia es nítida al establecer un blindaje sobre los sectores no laborales —específicamente adultos mayores y estudiantes— para contener el impacto en los grupos más vulnerables.
La apuesta económica del Ejecutivo —dijo— descansa sobre un pilar fundamental: que el ajuste salarial sea capaz de sostener el poder adquisitivo del sector formal. En última instancia, se confía en que este consumo sea el motor suficiente para evitar el estancamiento de la economía boliviana.
Sin embargo, el analista considera que estas medidas dejan expuesto al sector informal. “Las compensaciones están diseñadas para la economía formal, pero cerca del 80% de la población activa en Bolivia es informal; no tiene salario garantizado ni contratos. En la práctica, no acceden a los mecanismos de protección anunciados y solo percibirán algún beneficio por goteo. Para este segmento, el aumento de los combustibles encarece el transporte y los insumos, pero sin una red de seguridad, el golpe será mucho más riguroso”, precisó.
Explicó que la subida del salario mínimo se ha convertido en un arma de doble filo que agita el ecosistema empresarial privado. Si bien la medida intenta blindar el poder adquisitivo frente a la inflación, su implementación inyecta una dosis crítica de presión en organizaciones que ya navegan aguas turbulentas. “Para las pequeñas y medianas empresas que hoy lidian con ventas en picada y un acceso al crédito casi nulo, este incremento representa un desafío logístico que pone a prueba sus ya ajustados márgenes de supervivencia”, sostuvo.
El análisis subraya una paradoja estructural: el salario mínimo actúa simultáneamente como un escudo social y un factor de riesgo para el mercado laboral formal. Aunque su propósito es proteger la dignidad del ingreso real, existe el peligro latente de que termine erosionando la base del empleo legal. En última instancia, lo que busca salvar el bolsillo del trabajador podría, de manera involuntaria, precipitar el cierre de puestos de trabajo o el desplazamiento hacia la informalidad.