BCB afirma que está pendiente entrega de 6,6 toneladas de oro

Bolivia debe entregar 6,6 toneladas de oro comprometidas en 2025 para paliar la escasez de divisas. El Banco Central de Bolivia (BCB) confirmó que estas reservas, vendidas bajo la modalidad de “operaciones a futuro”, fueron utilizadas como salvavidas financiero para garantizar la importación de combustibles, según el presidente del ente emisor, David Espinoza.
Durante el período comprendido entre abril y octubre de 2025, la administración anterior pactó cuatro operaciones de venta de oro a futuro por un total de 9,6 toneladas. A la fecha, solo se han liquidado 3 toneladas, dejando pendiente la entrega de 6,6 toneladas adicionales. Este remanente deberá completarse entre junio y octubre de 2026, con un valor de mercado estimado en 921 millones de dólares.
Según los registros oficiales del BCB, el cronograma de compromisos pendientes para el segundo semestre de 2026 establece una serie de entregas críticas: 4,3 toneladas en junio, seguidas de 1,1 toneladas en agosto y 1,2 toneladas en octubre. Esta hoja de ruta financiera impone una presión inmediata sobre las reservas, obligando a una gestión logística y económica de alta precisión para cumplir con los tonelajes pactados.
Al respecto, Espinoza subrayó que este calendario representa una “herencia” determinante para la administración vigente. Bajo esta premisa, el Ejecutivo se enfrenta al desafío de honrar estos compromisos en los plazos establecidos, lo que condicionará la política económica del cierre de año y pondrá a prueba la capacidad operativa de las instituciones financieras del Estado.
Asimismo, el presidente del Banco Central de Bolivia denunció el hallazgo de operaciones financieras atípicas ejecutadas durante la administración precedente. Entre las irregularidades más críticas, sobresalen diversas adquisiciones de oro mediante la modalidad de pago anticipado, las cuales involucraron el desembolso de 1.914 millones de bolivianos en favor de dos empresas privadas.
Ante la opacidad de estas transacciones, la máxima autoridad monetaria confirmó que se ha iniciado un proceso de auditoría y análisis jurídico para determinar la legalidad de dichos movimientos. La institución busca esclarecer si estos pagos adelantados vulneraron las normativas vigentes o si comprometieron innecesariamente el patrimonio del ente emisor bajo criterios fuera de los estándares del mercado.