El sindicalismo se organizó luego de la revolución industrial en el Siglo XVIII, pues el uso de maquinarias demandó la ocupación de importante cantidad de operarios. En ese tiempo no existían normas de protección al trabajo, lo que inspiró a Carlos Marx y Federico Engels a publicar en 1848 el “Manifiesto Comunista”, donde propuso el gobierno de los trabajadores o proletarios, en un sistema que calificaron de socialista. El papa León XIII en su Encíclica “Rerum Novarum” (Cambio de Cosas) que se publicó en 1891, habla de salario justo, derecho de asociación, la relación del capital y el trabajo, la injusticia etc., pero condena la propuesta del socialismo por la eliminación de la propiedad privada, la lucha de clases, señalándola como una propuesta injusta y subversiva. Ya antes, en 1860, el obispo de Mangucia Guillermo Manuel de Ketteler, fundó con otros eclesiásticos, la primera organización sindical católica, y en su Catecismo Social se planteó, el salario justo y suficiente, prohibición al trabajo de los niños, descanso semanal, legislación social, intervención positiva del Estado en la cuestión social, dándose las bases de la doctrina social de la iglesia.
El sindicato, fue la organización de los trabajadores para equilibrar los intereses del capital con el trabajo, y la conquista de los derechos laborales de los trabajadores. En nuestro país, durante el gobierno de Isidoro Belzu se alentó la organización de artesanos y campesinos, por lo que fue duramente combatido por los grupos conservadores, y sus historiadores lo calificaron de “gobernante bárbaro”.
A principios del Siglo XX, en 1905 y 1914 se produjeron huelgas de trabajadores en las minas de Huanchaca, y en 1912 y 1918 se organizaron las primeras federaciones de Artes Gráficas en Oruro y Obrera en La Paz. En 1946 se organizó la Federación de Trabajadores Mineros y en 1952 la Central Obrera Boliviana (COB) que cogobernó en los dos primeros gobiernos de la Revolución Nacional, habiéndose constituido como un factor de poder importante hasta su declinación en los pasados años del gobierno del populismo de izquierda.
Precisamente luego del cambio de régimen de gobierno en las pasadas elecciones generales de noviembre del pasado año, la mayoría ciudadana votó por un cambio en la orientación política. El nuevo gobierno, atendiendo la realidad del país, antes de Navidad dictó un decreto apuntando a corregir las políticas que han llevado al país a la aguda crisis que nos agobia. Inmediatamente la dirigencia de la agónica COB, se puso al frente del contenido del decreto, movilizando a los grupos sociales que, durante los dos decenios del gobierno al socialismo, se constituyeron en el factor de respaldo político a los dos gobiernos del régimen populista, con una presencia determinante en el poder.
Estos grupos sociales, hace décadas, se han convertido en un factor de conflicto y convulsión social, además sus medidas de bloqueo de carreteras, marchas en las urbes, donde agreden a los transeúntes, destrozo de bienes públicos y privados, perturban el normal desarrollo de las actividades económicas de la población y la paz social, ocasionando elevados montos de pérdidas, más perjudiciales en este tiempo en el que estamos pretendiendo salir de la crisis.
Los grupos sociales que se movilizan, se atribuyen la representatividad de toda la población, cuando las estadísticas, demostraron que la mayoría de la población boliviana es urbana y de clases medias. De tal manera que los grupos autodenominados populares, representan una minoría, pero organizada, por lo que consigue cierta efectividad en sus posturas, y no así los grupos sociales urbanos que no están organizados, y pese a ser mayoría, tienen escasa influencia en el acontecer social.
La población que está padeciendo los rigores de la crisis, está esperanzada en que las autoridades recientemente elegidas, tomen las medidas necesarias para encarar el deterioro económico-social, con firmeza y por encima de las presiones de los grupos sindicales – corporativos que buscan no perder los beneficios que tenían en el anterior régimen. Estos grupos sociales corporativos organizados en sindicatos, son calificados por la Ciencia Política, como grupos de presión e interés, que buscan sus intereses propios de grupo, y no buscan el bien común, es decir de todos.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.