El vuelo 663 de Boliviana de Aviación (BoA), que debía despegar de Santa Cruz a La Paz a las 07:25 de ayer, salió con más de dos horas de retraso y volvió a exhibir dos marcas que se han vuelto inconfundibles en la aerolínea estatal: impuntualidad crónica y maltrato a los pasajeros, incluso a adultos mayores.
Un caso aislado sería un incidente: la reiteración, sumada a los datos oficiales, revela un patrón de funcionamiento que BoA y sus autoridades ya no pueden seguir maquillando como “eventualidad operativa”.
Silvia I. D., pasajera de la tercera edad, relató a EL DIARIO que cuando intentó elegir un horario distinto para su vuelo, una funcionaria le negó esa posibilidad “de muy mala manera”, argumentando que las personas mayores solo pueden acceder, con descuento, a los dos primeros vuelos del día.
Obligada a comprar el pasaje de las 07:30, llegó al aeropuerto a las 05:30 y se encontró con la noticia de que su vuelo estaba demorado, que podía subirse a otro avión (vuelo 661); sin embargo, su equipaje viajaría después, cuando, finalmente despegara el 663. Como remate, recién estando en el aeropuerto recibió por WhatsApp el mensaje de “reprogramación” del mismo vuelo para las 05:20, diez minutos antes de su llegada a la terminal aérea, una hora imposible de cumplir para cualquiera.
No se trata de un episodio aislado. Otro pasajero del mismo vuelo reclamó que debía estar en La Paz antes de las 10:00 horas para tomar una conexión internacional, objetivo que no pudo lograr por el retraso.
Casos similares se repiten casi a diario en aeropuertos del país y del exterior: usuarios varados durante horas, conexiones perdidas, equipajes separados de sus dueños, información contradictoria o inexistente en los mostradores y trato descortés de parte del personal de BoA, que parece más dispuesto a defender a la empresa que a asistir a los viajeros.
Las cifras de los reguladores confirman lo que viven los pasajeros. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que BoA acumula 27 procesos en curso, 13 de ellos específicamente por incumplir estándares de calidad, puntualidad y cancelaciones; solo en la gestión 2024, de 56.739 vuelos operados, 2.030 registraron demoras y 580 fueron cancelados.
La propia ATT reconoció más de 300 vuelos demorados en una sola temporada de fin de año, afectando a usuarios y ha tenido que sancionar a la aerolínea con multas que ya superan los 650.000 bolivianos en los últimos tres años, además de procesos adicionales por no brindar información oportuna ni contar con personal suficiente para atender reclamos.
Pese a que la gerencia y el Ministerio de Obras Públicas insisten en que la puntualidad “mejoró” y que hoy se opera con niveles cercanos al 90%, las escenas de filas eternas, pantallas llenas de letreros de “demorado” y salas colmadas de pasajeros irritados desmienten, en la práctica, este optimismo oficial.
Más grave aún: BoA concentra entre el 80% y el 90% del mercado aéreo nacional, lo que convierte cada incumplimiento en un abuso de posición dominante contra usuarios que, en muchos tramos, prácticamente no tienen alternativa de transporte.
Cuándo una aerolínea estatal normaliza retrasos, maltrata a adultos mayores y maneja la comunicación con mensajes extemporáneos por WhatsApp, el problema ya no es sólo técnico, sino político. Significa que los responsables han aceptado como “costo de operación” vulnerar derechos básicos de miles de pasajeros, mientras los organismos de control corren detrás de los hechos levantando actas y sumando procesos que, por ahora, no logran cambiar la cultura interna de la empresa.
En un país donde volar con BoA dejó de ser sinónimo de orgullo nacional para convertirse en una ruleta de demoras, la pregunta ya no es cuántas multas más podrá pagar la aerolínea, sino cuánto tiempo la ciudadanía seguirá tolerando que el principal operador estatal trate la puntualidad y el respeto al pasajero como un lujo opcional. (Santa Cruz, EL DIARIO)
