La Cámara Nacional de Industrias (CNI), junto a representantes de los gremios empresariales del país, expresó su preocupación por las implicaciones del Auto Supremo 1190/2026 en el caso que involucra a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), y planteó mantener en suspenso la ejecución del cobro de más de 744 millones de bolivianos, mientras la Comunidad Andina examina los argumentos presentados por Soboce.
El presidente de la CNI, Gonzalo Morales, señaló que la posición empresarial busca preservar las condiciones necesarias para invertir y producir, así como garantizar que las controversias que involucran a empresas se aborden con responsabilidad y certidumbre.
“Nuestra preocupación no es tomar partido en una controversia entre dos empresas, sino contribuir a que existan condiciones que permitan competir e invertir con confianza”, afirmó Morales.
El representante de la CNI sostuvo que mantener en suspenso la ejecución del cobro mientras se analizan los argumentos presentados, permitiría actuar con prudencia y evitar consecuencias económicas difíciles de revertir, respetando las competencias de las instancias correspondientes y el marco normativo vigente.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Wildo Dolz, manifestó su preocupación por la igualdad de condiciones entre las empresas y la independencia de la justicia.
“Estamos pidiendo una justicia igualitaria tanto a cualquier inversor, ya sea nacional o internacional”, señaló, al destacar la importancia de generar confianza para las inversiones nacionales y extranjeras.
A su vez, la gerente general de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Soraya Fernández, advirtió sobre las posibles repercusiones del caso en la actividad productiva y laboral de la región.
Recordó que Soboce es una empresa paceña y que su principal planta se encuentra en Viacha, por lo que una afectación a su desarrollo podría repercutir en las fuentes de empleo, la inversión y la seguridad jurídica. En este sentido, reiteró el pedido de un trato igualitario para las empresas.
La CNI enfatizó que Bolivia necesita fortalecer su industria, atraer inversiones y generar más empleos, para lo cual resulta fundamental contar con reglas claras, previsibilidad normativa y confianza en las instituciones. Estas condiciones permiten a las empresas planificar sus operaciones, desarrollar proyectos productivos y sostener las fuentes laborales.
Los gremios empresariales reafirmaron su compromiso con la producción nacional y la defensa de condiciones equitativas para todos los actores económicos, sin distinciones por su origen o naturaleza.
“No pedimos privilegios para nadie. Defendemos igualdad de condiciones para todos”, concluyó Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias.