Violencia del Chapare no es justicia comunitaria

Ante las amenazas de la dirigencia cocalera del Trópico de Cochabamba, respecto a usar la justicia comunitaria contra la DEA, en caso de su retorno, el alcalde municipal de Cochabamba y excandidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa, descartó que estos grupos logren imponer criterios en el tema de lucha contra el narcotráfico e insistió en la importancia de que el país cuente con la cooperación de agencias internacionales de lucha contra las drogas.
En declaraciones a la prensa, la autoridad edil aseguró no estar sorprendido por este tipo de declaraciones, dada la recurrencia que desde esta región se emiten comentarios amenazantes contra la estabilidad nacional y se busca justificar la violencia bajo el argumento de la justicia comunitaria.
“No sorprende que se busque hacer justicia por mano propia, porque ese es el estilo de ellos, de la gente violenta, no creo que puedan tomar el mando de esa forma. Ya veremos como hace el gobierno para hacer respetar las disposiciones jurídicas y la propia Constitución Política del Estado en caso que retorne la DEA”, dijo.
Según Reyes Villa, en la actualidad ya no existe espacio para aquellas posiciones radicales que amenacen con hacer justicia por mano propia, en todo caso el Estado cuenta con instancias como la Policía y las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad y la vida de la población, a esto debe sumarse el estricto cumplimiento de los compromisos suscritos por el país a nivel bilateral e internacional.
Respecto al tono de las amenazas vertidas por la dirigencia cocalera, el alcalde de Cercado reprochó que se insista en relacionar la violencia con la supuesta justicia comunitaria que se práctica en el lugar.
“Esto ya tiene que pasar de moda, la justicia comunitaria tradicionalmente era diferente, ahora es linchamiento, y eso no puede haber, más aún si un gobierno está programando una solución integral al tema del Chapare, donde existe piedra libre como en la actualidad”, indicó.
Consultado sobre la pertinencia del retorno de la DEA al país, Reyes Villa reconoció que la tecnología que maneja esta agencia, sobre todo en temas de control y monitoreo, es realmente sorprendente por su eficacia y precisión, por lo que contar con ese tipo de respaldo sería un importante avance en la lucha contra el narcotráfico. “Es importante que estén aquí para evitar que el país se siga viendo como un narco-estado”, sostuvo.
Respecto a temas pendientes como la ejecución de los mandamientos de aprehensión contra el expresidente Evo Morales o medidas definitivas para resolver el abastecimiento de combustible en territorio nacional, Reyes Villa observó cierto grado de debilidad en el gobierno para asumir decisiones que den solución inmediata a estos temas.
El fin de semana, dirigentes cocaleros del Trópico advirtieron con recurrir a la justicia comunitaria en caso de que operadores de la DEA sean descubiertos en actos de persecución a alguno de sus dirigentes o a su líder Evo Morales.
“Si el pueblo identifica de manera concreta y directa a algún operador de la DEA o algún servicio de inteligencia fuera de la norma, persiguiendo a dirigentes o al pueblo, será responsable de sus hechos. Según la Constitución, los movimientos sociales y pueblos tienen derecho a hacer justicia comunitaria, según sus procedimientos propios, cuando la ley altera sus derechos humanos que se contemplan en la norma”, advirtió David Veizaga, dirigente del Trópico.
Para Veizaga, será de esta forma que la población de la región responderá a las supuestas amenazas de persecución hacia sus dirigentes y al presidente de la coordinadora de las seis federaciones del Trópico.
El lunes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó su informe de monitoreo 2024, en el que reporta un incremento del 10% en los cultivos de coca en Bolivia, alcanzando una superficie total de 34.000 hectáreas.
Al respecto, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, alertó que los cultivos de coca en Bolivia han superado ampliamente el límite legal y estimó que en 2025 podrían alcanzar casi 40 mil hectáreas, pese a que la normativa vigente fija un máximo de 22 mil hectáreas para usos tradicionales.