Corrupción debe denunciarse sin discurso ni informe previo

Ante recurrentes declaraciones de autoridades de gobierno haciendo referencia a la corrupción de la pasada administración sin oficializar denuncia alguna, el diputado por la alianza Libre, Santiago Ticona, cuestionó la pasividad con la que se habla de robos y otro tipo de irregularidades, demandando que cualquier acto descubierto sea denunciado inmediatamente ante el Ministerio Público.
En criterio de Ticona, si se descubren actos de corrupción o algunas irregularidades, estas deben ser rápidamente denunciadas ante instancias competentes para su investigación, evitando actos mediáticos que solo previenen a los corruptos para buscar evadir a la justicia.
“Exigimos que el Gobierno deje de hacer declaraciones mediáticas o brindar informes a la población, sino que se luche de forma más efectiva contra la corrupción. Si se identifica algún tema de daño económico u otra irregularidad, estos deben ser inmediatamente remitidos al Ministerio Público para que se realicen las acciones que correspondan”, sostuvo el legislador representante del departamento de Chuquisaca.
En esa línea, también cuestionó la lentitud con la que se avanza en descubrir, denunciar y procesar a exautoridades de la pasada gestión de gobierno, realidad que lleva a desconfiar de las verdaderas intenciones detrás de la lucha contra la corrupción que se promociona desde la actual administración.
“La lentitud y la pasividad con que están actuando da a entender que se genera cierta oportunidad para que muchas exautoridades del Movimiento al Socialismo salgan del país”, observó Ticona, reiterando que es necesario actuar inmediatamente para que se investigue y se inicien las acciones que corresponde.
El lunes, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, publicó una investigación en la que se revela que las empresas públicas deficitarias no fallaron por incompetencia técnica, sino que fueron creadas deliberadamente para permitir un saqueo.
En el informe, titulado “Saqueo Institucional”, se expone la estructura de una “cloaca” sistemática que operó bajo la protección del poder político. Los datos revelan que la ineficiencia no fue un accidente, sino una característica de diseño para cumplir tres objetivos: canalizar gasto público sin control, simular inversión, y generar “cajas negras”, donde empresas funcionaron como mecanismos para financiar redes de poder político y estructuras clientelares, lejos del escrutinio ciudadano.
El daño económico directo, sin contar el costo de oportunidad ni la fuga de capitales, asciende a $us 2.595 millones. Una cifra que representa la dimensión de la herida infligida al patrimonio nacional.
Previamente, durante la presentación de la Comisión de la Verdad, instancia encargada de investigar la dilapidación de recursos provenientes de la venta de hidrocarburos durante el gobierno del MAS, el presidente Rodrigo Paz anticipó que se detectó el robo de 40% de lo que Bolivia ha pagado en subvención de carburantes.