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Bolivia acuerda cooperación internacional para impulsar la reforma de la Justicia

Bolivia acordó acceder a asistencia técnica y gestionar recursos económicos de la cooperación internacional para impulsar la reforma de la Justicia, informó ayer el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco.

La autoridad explicó que los acuerdos contemplan el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros mecanismos regionales, con el propósito de facilitar asistencia técnica y financiamiento a los distintos órganos del Estado.

“Hemos acordado un conjunto de apoyos que vamos a recibir del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros mecanismos regionales para poner a disposición de los diferentes entes de poder público, como el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, mecanismos de asistencia técnica y recursos que nos permitan avanzar en la reforma de la Justicia”, detalló.

Las gestiones se realizaron en el marco del XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se desarrolló entre el 20 y 21 de octubre en Panamá, con la participación de autoridades y representantes de 20 países de la región.

Aramayo señaló que el acompañamiento internacional también contempla el interés del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en respaldar el proceso de transformación judicial.

El ministro indicó que el Gobierno busca coordinar este proceso con el Tribunal Constitucional, el Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral, en el marco de las competencias de cada institución.

Además, anunció que Bolivia está cerca de concretar un primer financiamiento destinado al diseño de la reforma judicial, por un monto de cientos de miles de dólares.

“Estamos a puertas de poder concretar un primer financiamiento de un par de cientos de miles de dólares, pero es algo que queremos hacer en el marco de la coordinación que debemos llevar adelante con diferentes entidades, sobre todo el Poder Judicial”, afirmó.

El foro fue organizado por el Gobierno de Panamá, el PNUD y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), bajo el lema “Conectando políticas para un desarrollo resiliente”.

Según el Ministerio de la Presidencia, las gestiones buscan contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la modernización de los procedimientos judiciales, la transparencia y la lucha contra la corrupción. (ABI)

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