El Juzgado Quinto de Instrucción Penal Cautelar de La Paz determinó ayer enviar al penal de San Pedro, con seis meses de detención preventiva, al dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, por un segundo proceso legal en el que se investigan movimientos económicos anormales en sus cuentas y un patrimonio no justificado. Para el jurista, Eduardo León, esto revela la existencia de un clan familiar de corrupción.
El juez evaluó la existencia de riesgos procesales como posible fuga y obstaculización de la investigación y concluyó que existen pruebas suficientes que sugieren la probabilidad de autoría de Ríos de cinco delitos, por lo que fue imputado por contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Esto ocurrió un día después de que Ríos recibiera detención domiciliaria con arraigo y sin custodia policial durante una audiencia por otro proceso por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, relacionado con irregularidades con la harina subvencionada. Su hijo, Ricky R. M., también recibió medidas sustitutivas y el pago de una fianza de Bs 30.000.
El abogado de la parte denunciante detalló que Ríos poseía al menos tres cuentas bancarias –dos del Banco Unión y una del Mercantil Santa Cruz– donde estaban depositados montos no justificados de Bs 12 millones, Bs 654.252 y Bs 300.000 por separado, pues el contrato que tenía con el Estado era por Bs 40.000. El jurista acusó que este manejo de cantidades exorbitantes evidencia una red de corrupción familiar a partir de la venta y reventa de los insumos para el pan de batalla.
El caso fue destapado a la luz pública a partir de denuncias anteriores que salpicaron al exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores –actualmente prófugo–, un exministro del Movimiento al Socialismo (MAS) y familiares del dirigente.
Los antecedentes refieren que Ríos suscribió un contrato administrativo de prestación de servicio de arrendamiento de su almacén privado por una suma de Bs 19.200 mensuales, logrando que en diez meses amasara Bs 192.000. Luego, también se habría beneficiado de otro contrato de prestación de servicios de transporte para el traslado de harina de trigo desde Caracollo a Oruro por Bs 300.000.
El juez determinó que estos contratos ocasionaron un daño económico al Estado, cuya suma exacta se conocerá en la etapa investigativa del proceso penal. Las autoridades agregaron que se investiga también al resto de familiares implicados.
OTRAS APREHENSIONES
Mientras se desarrollaba la audiencia, se conoció que la exesposa del dirigente y exfuncionaria de Emapa, Alicia Mayta, fue aprehendida en horas de la mañana tras estar implicada en el clan familiar que denunció la Fiscalía. Los cargos que pesan sobre ella comprenden presunta asociación delictuosa, encubrimiento y favorecimiento al enriquecimiento con afectación al Estado.
El fiscal, Ronald Jurado, confirmó que también se solicitará su detención preventiva, mientras se amplía la investigación inicial contra la familia Ríos, acusada de conformar el presunto “clan” que se dedicó a desviar recursos estatales a través del uso indebido de insumos subsidiados.