El presidente Rodrigo Paz Pereira declaró, refiriéndose al Estado boliviano, que “esto es una cloaca”. La afirmación, de carácter provocador y simbólico, se inscribe en una larga tradición de discursos políticos que apelan a frases impactantes para anunciar supuestas transformaciones históricas. Basta recordar expresiones como “Bolivia se nos muere”, pronunciada por Víctor Paz Estenssoro, o las recurrentes denuncias de Evo Morales, quien responsabilizó a los gobiernos neoliberales de la pobreza estructural, el desempleo persistente y la entrega de los recursos naturales a capitales transnacionales.
No obstante, más allá de su impacto mediático, este tipo de declaraciones históricamente han sido incapaces de traducirse en transformaciones estructurales estables. En Bolivia, las grandes promesas han convivido con resultados decepcionantes. Si los gobiernos anteriores no cambiaron el rumbo del país, cabe preguntarse con realismo: ¿por qué creer ahora en un nuevo discurso de salvación política?
La denominada dinastía Paz —Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora y hoy Rodrigo Paz Pereira— ha construido históricamente su legitimidad sobre discursos de fuerte carga simbólica, orientados más a la gestualidad política que a la implementación efectiva de políticas públicas capaces de modificar la estructura social boliviana. El resultado ha sido una continuidad histórica donde la retórica del cambio convive con la persistencia de desigualdades profundas, un desarrollo económico débil y un estancamiento institucional prolongado.
Al discurso de la “cloaca”, Paz Pereira sumó la denuncia del presunto robo de 15 mil millones de dólares, cifra que —según él— podría seguir en aumento. Por supuesto, denunciando hechos ocurridos durante las gestiones del MAS. La acusación podría ser relevante, pero en Bolivia, como en muchas regiones del mundo, estas denuncias suelen terminar en nada. Basta recordar el caso de Javier Milei en Argentina, quien prometió acabar con los “chorros” y terminó junto a su hermana envuelto en acusaciones de corrupción; o en Bolivia, cuando Jaime Paz Zamora fue investigado por vínculos con el narcotráfico. A pesar de escándalos semejantes, ni en Argentina ni en Bolivia nadie termina preso y mucho menos devuelve lo robado.
El actual gobierno Paz–Lara, ampliamente reconocido como una administración improvisada, llegó al poder impulsado más por la popularidad de Lara y la demagogia electoral que por un proyecto económico-financiero sólido. A ello se suma el antecedente del fracaso de Rodrigo Paz en la Alcaldía de Tarija —una de las jurisdicciones con mayor presupuesto por habitante— y el giro hacia un gabinete tecnocrático liberal encabezado por José Luis Lupo, ex candidato vicepresidencial de Doria Medina. La designación de figuras como Branko Marinkovic en temas de tierras en el Senado, Calderón de la Barca en minería con respaldo de los cooperativistas auríferos y la gran minería transnacional, o el caso del renunciado Freddy Vidovic Falch por existir su sentencia ejecutoriada, conforman un cuadro político inquietante para el futuro del país.
La pregunta es directa y sin eufemismos:
¿Será Rodrigo Paz un verdadero “destapacaños” capaz de limpiar la podredumbre estructural del Estado, o simplemente la continuación del excremento político que nos gobierna desde hace 40 años?
Porque cuatro décadas de neoliberalismo maquillado de estatismo, de discursos incendiarios y promesas redentoras, nos han dejado una realidad brutal: precariedad laboral en ascenso, informalidad como norma, hospitales colapsados y un sistema educativo que se cae a pedazos.
El autor es economista, Magister en Investigación Científica, consultor socio-económico, ex rector de la UPEA y docente titular de la UMSA.