La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos Sahonero, junto a una comisión, realizó la intervención del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por presunta complicidad de la entidad pública con avasalladores.
La autoridad, en contacto con los medios de prensa, indicó que se recibió denuncias sobre la firma de resoluciones en beneficio de personas vinculadas con el anterior gobierno, así como las regionales del INRA en Beni y Pando haya dado instrucciones a los avasalladores para entrar en zonas donde se inició la zafra azucarera.
Pero no sólo el INRA habría incurrido en esa práctica, sino también en octubre, Grecia Yucra, propietaria del predio avasallado El Encanto —ubicada en Ascensión de Guarayos, Santa Cruz–, reprochó que el Ministerio Público desestimó su denuncia por esta acción ilegal, que es el cuarto que sufre desde 2021. Junto a su abogado y otros productores de este municipio acusaron al viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero Peñaranda, de tener vínculos con los grupos que impulsan estas tomas ilegales.
Barrientos informó que el Viceministerio de Tierra pasa a depender del Ministerio de la Presidencia, y en este marco, anunció que en las próximas horas se nombrará a la nueva autoridad, esta dependencia a la vez elegirá al nuevo director del INRA.
Ayer, la Viceministra de Autonomías solicitó al director del INRA y a los diferentes directores de la entidad pública a proceder de manera inmediata el levantamiento integral de información institucional.
En ese sentido, el instructivo MINPR/VA-0001-INS/25 quiere conocer el estado general del INRA, y por ello “ordena remitir un informe completo, real y actualizado sobre la situación institucional del INRA a nivel nacional, que contenga: estado operativo y administrativo de todas las direcciones nacionales y departamentales”.
Intervención
La autoridad indicó que son varias instituciones que fueron intervenidas, y que el INRA fue objeto de muchas observaciones en el pasado, es por ello que se empezará un trabajo de fiscalización, a través de auditorías para conocer el estado del mismo.
Fue claro en advertir que después de octubre los funcionarios no pueden firmar ninguna resolución para dotar tierras y el trabajo a realizar busca devolver la institucionalidad a dicha entidad.
Advirtió que después del 7 de noviembre, las firmas que hayan firmado algunos funcionarios del INRA no gozan de respaldo.
Avasallamiento
En octubre, los denunciantes mostraron fotos de los avasalladores, documentación y antecedentes de los anteriores intentos de toma de la misma propiedad, ocurridos entre 2023 y 2025, en los que —según relataron— los grupos armados ingresaron violentamente, destruyeron cultivos y amedrentaron al personal que trabaja en el predio.
El abogado de la propietaria del predio, Álvaro La Torre, mostró su indignación porque las instancias estatales de justicia aceptaron las denuncias en las anteriores invasiones contra El Encanto y reconocieron la legitimidad de la propiedad, pero que en esta ocasión la respuesta fue distinta.
“Por cuatro ocasiones anteriores se aceptó denuncias por hechos similares, en la misma propiedad, con las mismas víctimas y los mismos avasalladores. Ahora que finalmente se presentan (los avasalladores) con los rostros descubiertos, resulta que nos desestiman la denuncia y nos dicen que esto es delito de despojo”, reprochó.
Otra propietaria afectada del municipio señalado, Mellissa Barba, aseguró que la situación se repite desde hace más de dos años, a pesar de las denuncias presentadas, las autoridades no actuaron con firmeza.