La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió la denuncia penal contra los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por los presuntos delitos de Falsedad Ideológica y Acoso Político contra Mujeres.
La querella fue formalmente presentada por las magistradas electas, Paola Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca, quienes acusaron a sus pares ilegalmente en funciones que, por tercera vez, emitieron una sentencia que busca avalar una nueva “prórroga inconstitucional” de su mandato en el TCP.
La acusación por supuesta violencia política, sancionada por el artículo 148 bis del Código Penal, se sustenta en que, al ser coartadas por autoridades ilegalmente en ejercicio, estas magistradas se ven impedidas de ejercer sus funciones constitucionales.
Según refiere el documento legal, la fiscal de Materia, Jhenny Torrico Delgadillo, confirmó que se dio curso a una investigación preliminar a cargo de la Policía Boliviana tras la subsanación de los memoriales, “con el objetivo de esclarecer la verdad histórica y material de los hechos denunciados”.
Los denunciados son el presidente del TCP, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, y el resto de magistrados autoprorrogados desde diciembre de 2023, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.
Este proceso está relacionado a una anterior denuncia que hicieron los cuatro magistrados electos por presuntas anomalías y abusos en la Sala Plena del Tribunal, donde se acusa a los otros cinco miembros de realizar acciones sistemáticas para frenar una renovación institucional.
Prudencio mencionó que, en el Auto Constitucional 70/2025 emitido el 31 de octubre, se menciona que los disidentes “no emitieron criterio alguno” sobre la nueva prórroga de mandato, cuando en realidad desconocieron la medida. La magistrada acusó a los autoprorrogados de emitir el fallo en “completo hermetismo” frente a sus pares electos en diciembre de 2024.
“Ya son dos años de prórroga en los que, de forma metódica, han frenado en tres oportunidades la cesación de sus funciones, lesionando el principio fundamental que establece que nadie puede ser parte y juez en su propio interés”, afirmó anteriormente la autoridad.