EEUU restringe visas a 15 bolivianos, entre ellos Lanchipa y dos diputados

El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió una nueva lista de 15 ciudadanos bolivianos sujetos a restricciones de visa por presuntos vínculos con actividades de corrupción y narcotráfico, en la que figuran el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce y los diputados Rafael López y Rolando Pacheco. La nómina incluye también a fiscales, jueces, exautoridades policiales y exfuncionarios de distintas instituciones estatales.

La medida fue comunicada ayer y constituye la segunda lista de ciudadanos bolivianos afectados por estas disposiciones migratorias en menos de un mes. Según el Departamento de Estado, las restricciones alcanzan a personas cuyas actividades presuntamente vinculadas con la corrupción o el narcotráfico socavan a los gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio.

El Gobierno estadounidense enmarcó la decisión en su política de lucha contra las organizaciones criminales y sostuvo que busca eliminar la influencia de estas actividades en instituciones como los tribunales, las fuerzas policiales y el Poder Legislativo.

El comunicado señala que las medidas forman parte de una disposición que ya alcanzaría a 40 personas en Bolivia, incluidos familiares directos de los señalados. La medida se ampara en una ley migratoria de Estados Unidos que permite negar visas a ciudadanos extranjeros cuando el Gobierno considera que su ingreso podría perjudicar los intereses o la política exterior del país.

El listado comprende a los siguientes ciudadanos y los cargos que desempeñaron o ejercen:

La publicación de la nómina tuvo consecuencias inmediatas en el ámbito judicial boliviano. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, recomendó a Aldo Ismael Quezada Cerruti y al vocal Julio Nelson Alba Flores renunciar a sus cargos y someterse a las investigaciones correspondientes.

Horas después, Quezada presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y también a su cargo de vocal de la Sala Constitucional Segunda de esa institución. La decisión se conoció este jueves, tras la difusión de la lista estadounidense.

Saucedo también pidió a la Sala Plena del tribunal cruceño considerar la conducción de esa instancia judicial y exhortó a sus integrantes a ejercer sus funciones con ética y transparencia.

“Por este motivo, recomendamos a los mencionados vocales presentar su renuncia y someterse a la investigación pertinente, sin gozar de ningún privilegio por su condición de servidores judiciales”, manifestó el presidente del TSJ en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

En el Ministerio Público también se produjeron cambios. El fiscal general interino, José Armando Urioste Viera, informó que Félix Gerardo Balderas y Julio César Porras fueron desvinculados de la institución el martes 20 de octubre, dos días antes de la difusión de la nueva lista estadounidense.

Según explicó, la decisión respondió a antecedentes que ya estaban en conocimiento de la Fiscalía y formó parte de una desvinculación que alcanzó a 60 funcionarios. La determinación, por tanto, fue adoptada antes de que se conociera públicamente la nómina de Estados Unidos.

Urioste indicó que se recopilan antecedentes para establecer si corresponde iniciar nuevas investigaciones contra ambos exfuncionarios. No obstante, aclaró que la inclusión en la lista extranjera no implica automáticamente responsabilidad penal en Bolivia ni determina que las 15 personas deban ser investigadas.

“No hay que satanizar la lista”, sostuvo la autoridad, al señalar que las actuaciones del Ministerio Público dependerán de los elementos disponibles en cada caso.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el Gobierno de Rodrigo Paz no protegerá a las autoridades y exautoridades incluidas en la nómina. Señaló que existen investigaciones abiertas desde hace varios meses y que quienes ocuparon cargos en el Ejecutivo durante esta gestión ya fueron apartados de sus funciones.

Por su parte el diputado de Libre, Rafael Darío López, afirmó que no especulará sobre los motivos de la restricción de su visa hasta contar con información oficial. Su inclusión en la lista se produjo en medio de una controversia interna, luego de que Jorge Quiroga pidiera apartarlo de la Cámara de Diputados.

ANTECEDENTES

Entre los nombres incluidos también figuran exautoridades vinculadas a investigaciones judiciales y policiales. Juan Lanchipa estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado entre octubre de 2018 y octubre de 2024, mientras que Armando Rojas Toledo fue aprehendido en octubre de 2026 en el marco del denominado caso Mariaca y posteriormente enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, en Oruro.

Por su parte, Fernando Ronald Velasco Soliz fue enviado a prisión en 2023 por el denominado caso Narcovuelo, relacionado con la incautación de media tonelada de droga en un vuelo que debía partir de Bolivia rumbo a España. Meses después recibió medidas sustitutivas.

Rony Suárez Milliet, el único civil identificado en la nómina, fue investigado por presuntamente crear empresas fachada que habrían sido utilizadas para blanquear dinero relacionado con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Fue aprehendido en agosto de 2023 y liberado por orden judicial en octubre de ese año.

La primera lista estadounidense fue anunciada el 28 de septiembre e incluyó restricciones de visa para 12 ciudadanos bolivianos, entre ellos el entonces fiscal general Roger Mariaca, además de declarar inelegibles para obtener el documento a otros nueve ciudadanos cuyos nombres no fueron difundidos públicamente.

Con esta segunda nómina, Washington amplió las medidas anunciadas contra ciudadanos bolivianos. Mientras tanto, las repercusiones en el país se concentran en las instituciones judiciales y el Ministerio Público, donde las autoridades anunciaron medidas administrativas y posibles investigaciones sujetas a la evaluación de antecedentes y elementos probatorios.