La Justicia ordenó 90 días de detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Ceprom) para una ciudadana paraguaya investigada por presunta complicidad en el asesinato de dos brasileños en Valle Sánchez, Warnes, mientras su abogado, Carlos Rondón, apeló la decisión al considerar que no existen elementos suficientes que la vinculen con el crimen.
La medida fue dispuesta luego de una audiencia cautelar en la que el Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva. Sin embargo, el juez determinó que la mujer permanezca recluida durante 90 días mientras avanzan las investigaciones sobre el ataque armado ocurrido el martes 20 de octubre.
La ciudadana paraguaya se encontraba en la vivienda donde fueron acribillados los dos hombres brasileños. Inicialmente fue considerada testigo del hecho, pero posteriormente pasó a ser investigada por su presunta participación en el delito de complicidad en asesinato.
Tras la audiencia, Rondón cuestionó la resolución judicial y sostuvo que no se identificaron elementos materiales que permitan establecer cómo habría participado su defendida en el crimen. También confirmó que presentó un recurso de apelación para intentar revertir la detención preventiva.
“Precisamente el Ministerio Público estaba pidiendo 180 días de detención, la defensa ha demostrado la inocencia que ella tiene; sin embargo, no ha existido una correcta valoración por parte del juez”, manifestó el abogado, quien cuestionó que no se hubiera precisado el indicio concreto que vincularía a la mujer con el delito investigado.
El jurista señaló que su estrategia contempla la declaración de tres personas que, según afirmó, conocen a la investigada y estarían dispuestas a aportar información. Además, indicó que se espera el análisis del contenido de un teléfono celular que la propia mujer facilitó a los investigadores, diligencias que, a criterio de la defensa, podrían contribuir a esclarecer su situación jurídica.
“Nosotros hemos presentado el recurso de apelación correspondiente al no existir ningún elemento”, sostuvo Rondón, quien atribuyó la decisión judicial a una posible influencia de la presión mediática generada por la gravedad del doble asesinato.
El abogado también afirmó que su defendida habría sufrido maltratos durante su aprehensión, incluidos golpes y asfixia con una bolsa en la cabeza. Según su versión, estas denuncias fueron expuestas durante la audiencia, aunque cuestionó que no se le hubiera dado suficiente consideración frente al informe médico forense, que no reportó lesiones.