La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz dejó sin efecto la Resolución 01/2024-2025 de la anterior Comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas y dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal de 16 exasambleístas por incumplimiento de resoluciones de amparo constitucional, en el marco de la inhabilitación del postulante a Contralor General del Estado, Jaime Prudencio Gutiérrez Guzmán.
En contacto con EL DIARIO, Gutiérrez informó que la Sala Cuarta admitió su queja y extendió una legitimación pasiva a la nueva legislatura, exhortando que cumpla la Sentencia Constitucional 964 y su Auto Constitucional, tras establecer responsabilidad penal por parte de los exfuncionarios.
“Es un paso muy importante, denotamos que estamos en un Estado de Derecho donde la justicia está realizando lo que en derecho corresponde. A las autoridades que dejaron pasar de lado una Sentencia Constitucional, el juez les está diciendo que esto constituye en un delito y los están mandando a un proceso penal”, comentó Gutiérrez a este medio.
Según el artículo 179 bis del Código Penal, la sanción por este delito establecida es de dos a seis años de reclusión y una multa de cien a trescientos días.
Con esta decisión, el juez dispuso a la Fiscalía iniciar un proceso contra los miembros responsables de emitir y firmar la Resolución dentro de la anterior Comisión Mixta de Planificación, entre quienes figuran los exsenadores, Walter Justiniano y Pedro B. Vargas Fernández; así como los diputados, Andrés Flores, José Porcel Marquina, Lily Bernabé Colque, Adán Palacios Puma, Mariela Baldivieso, Gustavo Aliaga Palma, Saul Lara Torrico, Darlen Velasco Torrez, Higinio Farfán Aban, Adriana Tarifa Condori y Edwin Rosas Urzagaste.
Gutiérrez agregó que, debido a que el fallo ilegal paralizó el proceso de designación, corresponde ahora a la nueva Comisión hacer cumplir la Sentencia Constitucional –que lo mantiene como postulante a Contralor por tener calidad de cosa juzgada– para luego continuar con el proceso de designación y posesión de la nueva autoridad.