En su informe de seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que el Estado no ha logrado establecer una política de reparación integral hacia las víctimas de la crisis de Estado de 2019, toda vez que detectó serias ineficiencias y retrocesos en materia de justicia, acceso a salud, educación y reinserción social.
La presentación del informe contó con la presencia del ministro de Justicia, Freddy Vidovic, representantes de las víctimas, activistas de derechos humanos y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien reveló que, con la anulación del proceso penal por los hechos ocurridos en 2019 y de la sentencia contra la expresidenta Jeanine Añez, se generó un escenario de inestabilidad jurisdiccional en la justicia.
“La nulidad de obrados debe ser restrictiva, en tanto que deben priorizarse medidas de reparación integral contra las víctimas ante la persistencia de la impunidad. Los obstáculos judiciales y la falta de voluntad política vulneran los derechos de las víctimas a acceder a la justicia y reparación”, señaló Callisaya.
El documento destacó serias falencias en política de reparación integral a las víctimas de las supuestas masacres de Senkata y Sacaba, así como falta de continuidad en las investigaciones, un establecimiento “deficitario” de responsabilidades e incluso ausencia de acompañamiento estatal en el proceso e insuficiente reinserción laboral en favor de los afectados.
Por otra parte, señaló que “hubo omisiones, dilaciones e inacciones institucionales que generan riesgo real de impunidad”, mientras que el Estado boliviano incumplió su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar responsables, lo que lo llegar a exponerse a enfrentar responsabilidad internacional.
Callisaya mencionó que el actual escenario puede dar lugar a una instrumentalización de la Ley 044 (ley para el juzgamiento del Presidente, Vicepresidente y altas autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público); en tanto, remarcó que la Ley de Reparación Integral no ha sido promulgada tras tres años de espera.
REPARACIÓN INSUFICIENTE
Entre las medidas de reparación, se encontró también ineficientes resultados en ámbitos que van desde atención médica hasta acceso a empleo para las víctimas. En cuanto a salud, 389 de 666 víctimas no reciben atención del Sistema Único de Salud (SUS); en temas de vivienda, solo 19 solicitudes de crédito fueron aceptadas de un total de 140.
En educación, se ofrecieron 139 becas a los afectados, pero solo 49 fueron aceptadas, mientras que el resto no logró acceder por barreras económicas. En cuanto a empleo, 67 personas fueron reinsertadas laboralmente, pero solo 52 se encuentran activamente beneficiadas.
En el ámbito judicial, 17 procesos fueron rechazados y otros sufrieron nulidad de un total de 88, lo que representa un retroceso en la búsqueda de justicia; en tanto, de este total, solo cinco casos llegaron a sentencia. En tal sentido, Callisaya exhortó a la Asamblea y el Estado a obrar con urgencia para llevar el caso a un juicio de responsabilidades.
Fotos: EL DIARIO