Mediante un voto resolutivo, las víctimas de los hechos luctuosos de 2019, ocurridos en Senkata y Sacaba, exigieron que su nombre no sea utilizado en actos públicos sin su consentimiento, cuestionaron a los medios por no otorgarles un derecho a la réplica y advirtieron que el sistema judicial boliviano les negó el acceso a la justicia.
Las víctimas denunciaron un supuesto acto de discriminación e impunidad en la anulación del proceso ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez. Advirtieron que los «operadores de justicia republicanos» tampoco les otorgarán justicia con un juicio de responsabilidades.
“Nuestra dignidad fue mellada, agredida y utilizada. Los operadores de justicia republicanos nos negarán el acceso a la justicia con la farsa de juicio de privilegio o de responsabilidades”, afirmaron en un pronunciamiento citado por la agencia estatal ABI.
Las víctimas fundamentan su posición en las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Bolivia, presentadas en un informe el 17 de agosto de 2021. Dicho informe establece que hubo graves violaciones a los derechos humanos mediante ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza durante las protestas en contra del gobierno de Añez, en noviembre de 2019.
El voto resolutivo también acusa a los medios de comunicación de no otorgar suficiente espacio para la versión de las víctimas, supuestamente vulnerando el derecho a la réplica establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 1969) y la Ley de Imprenta boliviana de 1925.
Los afectados advierten que, en caso de no serles garantizada igualdad de condiciones en derecho y justicia, los medios señalados “serán considerados violadores de derechos humanos, por omisión o por comisión”.