La audiencia de acción de libertad presentada por la defensa de Fernando Cerimedo para frenar su traslado de Palmasola a Chonchocoro fue suspendida ayer y deberá reinstalarse este viernes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, aunque todavía no se definió la hora. La defensa busca evitar el traslado y advierte posibles riesgos para la salud, vida e integridad física del detenido.
El recurso constitucional fue activado después de que la justicia paceña confirmara seis meses de detención preventiva para Cerimedo en Chonchocoro, dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. La medida generó una situación particular debido a que el argentino ya se encuentra recluido preventivamente en Palmasola por otro proceso.
La defensa pretende que la Justicia constitucional se pronuncie sobre la forma en que deben cumplirse ambas determinaciones judiciales. Sus abogados cuestionan que el detenido sea trasladado desde Santa Cruz y sostienen que deben considerarse las condiciones relacionadas con su salud y su integridad antes de ejecutar la orden emitida en La Paz.
El planteamiento también provocó una reacción de Nadia Beller, quien expresó públicamente su preocupación por la rapidez con la que se activó el recurso y señaló que este fue presentado y programado poco después de que concluyera la audiencia de apelación del detenido.
Beller pidió a los administradores de justicia mantener independencia al momento de resolver el caso. En su pronunciamiento calificó de llamativa la celeridad del trámite y consideró que corresponde que la ciudadanía pueda observar cómo se desarrolla el procedimiento.
Otro de los puntos cuestionados por Beller son los argumentos médicos expuestos para intentar impedir el traslado. La mujer puso en duda que la condición de salud alegada actualmente sea suficiente para impedir que Cerimedo sea llevado a La Paz y recordó que, según su versión, anteriormente realizaba desplazamientos frecuentes hacia esa ciudad.
Además, sostuvo que existirían antecedentes médicos recientes que no acreditarían una enfermedad incompatible con el traslado. A partir de ello, planteó que los jueces deberían evaluar la documentación médica y los fundamentos jurídicos antes de adoptar una determinación.
La denunciante también advirtió sobre el alcance que podría tener el recurso constitucional. En su criterio, una acción de libertad no debería convertirse en un mecanismo destinado a dejar sin efecto o evitar el cumplimiento de una decisión judicial que ya fue sometida a revisión.
Con la reinstalación del proceso este viernes, la defensa tendrá nuevamente la posibilidad de sustentar su pedido ante la instancia constitucional. Mientras tanto, la resolución que dispone la permanencia de Cerimedo durante seis meses en Chonchocoro continúa vigente. (Con información de Red Uno)