La democracia no se agota en el acto electoral. Es un sistema que exige, como condición sine qua non, que sus líderes estén en plena capacidad para manejar las complejísimas y grandes responsabilidades que el pueblo les confía. En este sentido, propongo que el Tribunal Supremo Electoral con base en la necesidad democrática, jurídica y electoral, exija como requisito indispensable a los candidatos políticos a la Presidencia y Vicepresidencia, un certificado médico especializado que acredite la salud mental, que demuestre que se encuentran aptos para ejercer el cargo público para el cual se postulan, certificando, además, que no tenga ningún grado de demencia. Propuesta que se podría considerar como medida extrema. Pero sería una forma de garantía responsable del Estado, instaurando un avance natural en los controles de aptitudes o competencias. Propuesta que debe ampliarse también, a todos los candidatos a cargos públicos por elección.
Ser presidente implica manejar una presión enorme, gestionar crisis y tomar decisiones que impactan a millones de personas. Un problema de salud mental, incluso leve, puede afectar no solo la eficacia del gobierno, sino también la estabilidad del país. La historia reciente de América Latina ofrece ejemplos instructivos e interesantes. Un caso emblemático es el del entonces presidente del Ecuador, Abdalá Bucaram, cuya destitución por “incapacidad mental” en 1997, por parte del Congreso Nacional, puso sobre la mesa la crucial cuestión de la idoneidad psicológica para el cargo. Sin necesidad de abordar los detalles de aquel proceso político, el episodio sirve como un precedente histórico que demuestra cómo la preocupación por la salud mental de un mandatario puede convertirse en una cuestión de Estado de primera magnitud, afectando la gobernabilidad y la democracia.
Ejemplos de líderes cuestionados por no estar aptos mentalmente, existen muchos en el mundo y en la historia antigua y reciente de Bolivia. Lo que nos plantea una señal de alarma, existiendo un vacío legal peligroso en nuestro país, que debe ser abordado.
Es cierto que podría existir el riesgo de usar esta medida con fines políticos, pero esto se puede evitar con una buena institucionalidad. La evaluación no debe ser un simple trámite. Debe realizarla un grupo de especialistas en neurología y psiquiatría de reconocida independencia, designados por entidades académicas y profesionales, no por el gobierno. Los protocolos deben ser públicos, claros y basados en estándares científicos internacionales. El resultado sería un dictamen transparente de “apto” o “no apto”, respetando la confidencialidad del candidato, pero dando garantías al electorado de su capacidad básica para el cargo.
Exigir un certificado de salud mental, es lógico y crucial, estableciendo un estándar mínimo para los roles de mayor impacto social. El objetivo es proteger a la ciudadanía de gobiernos disfuncionales y fortalecer la democracia ante los riesgos. Es un filtro de responsabilidad, no de estigmatización o discriminación.
Aplicar este requisito antes de las campañas es fundamental. Así, la ciudadanía puede votar con la seguridad adicional de que los candidatos cumplen con una idoneidad básica. Es una medida que trasciende colores políticos y prioriza el interés superior del Estado. Bolivia tiene la oportunidad de ser pionera en fortalecer los controles sobre sus líderes, haciendo de la salud mental un criterio tan válido como la experiencia o las propuestas. La democracia lo merece y el país lo necesita. La solidez mental de quien nos gobierna es de interés público y debe ser tan indispensable como la firmeza de sus ideas, que se puede manifestar en la “sombra del liderazgo”, que puede tener un impacto o influencia que se extienda de manera directa o indirecta en las actitudes, en los juicios, en los comportamientos o en la toma de decisiones de todos los bolivianos.
¡Viva Bolivia, con libertad y democracia!
El autor es Abogado.