Cuando propuse a mis estudiantes de Opinión Pública estudiar este caso, abundaban las opiniones y el asunto ya era comidilla. Escribo desde la academia para distinguir lo que merece conocerse de aquello que se exhibe solo por curiosidad.
Freddy Valle se hizo conocido en la pantalla. Ahora una grabación tomada en instalaciones de la UMSA amenaza con definir su trayectoria antes de que la universidad concluya sus investigaciones. Esa velocidad invita a confundir dos preguntas: ¿qué debe esclarecer la institución y qué necesita ver todo el mundo?
Garzón Valdés había distinguido lo íntimo, lo privado y lo público: la esfera de uno mismo, las relaciones elegidas y lo accesible a cualquiera. La jurista Isabel Lifante propone distinguir el lugar donde ocurre una conducta de su relevancia social. Una oficina cerrada no convierte en íntimo todo lo que sucede en ella; estar dentro de un edificio público tampoco hace divulgable cada detalle de quienes lo ocupan. Si fueron usadas indebidamente instalaciones universitarias o existió una relación de poder que afectó a una trabajadora, hay razones para investigar. La pregunta no exige juzgar la moral sexual de nadie; exige saber si se afectaron bienes institucionales o derechos de otra persona.
En esa reformulación, la relevancia social legítima ayuda a decidir qué puede divulgarse, más allá del lugar donde ocurrió. El posible uso de recursos universitarios y los derechos de otra persona merecen escrutinio; la curiosidad por una escena íntima no basta. Una imagen no se vuelve pública, en ese sentido, solo porque se hizo viral.
La UMSA presentó una denuncia y abrió actuaciones internas. Los hechos denunciados, incluidas las acusaciones de acoso, requieren pruebas, defensa y una decisión fundada. Valle niega las imputaciones y afirma que la grabación fue alterada. Nada de eso puede resolverse por aplausos, burlas o número de reproducciones.
Hay otra pregunta, menos atendida: ¿cómo pasó una grabación de interés institucional a circular en redes? Registrar un hecho para informar a las autoridades y publicarlo ante desconocidos son decisiones diferentes. La comunidad tiene derecho a conocer qué se investiga, con qué garantías y qué se resuelve. No necesita consumir los detalles de una situación que también compromete la imagen y la intimidad de la mujer que aparece en ella. Su voz y sus derechos no deberían quedar sepultados bajo una disputa entre hombres e instituciones. Tampoco es lícito presumir, por verla en pantalla, cuál fue su voluntad.
Valle ha dicho que aspira al Rectorado y que buscan frustrar su candidatura. Es una denuncia política que debe probarse; tampoco corresponde ignorar sus posibles efectos. En la UMSA, docentes y estudiantes aportan cada uno la mitad del resultado mediante el voto ponderado, aunque sus padrones sean muy distintos. La visibilidad de Valle en televisión y redes podía abrirle una vía para disputar el apoyo estudiantil. Pero los seguidores no son votos ni sustituyen la presentación de un programa universitario. Sin embargo, el escándalo puede influir en una elección mucho antes de que exista una resolución sobre los hechos.
Rodrigo Paz se ha llamado a sí mismo «producto de TikTok». La frase ilumina una paradoja de nuestra vida pública: las plataformas pueden elevar una candidatura y, con la misma rapidez, erosionarla. La universidad tiene, precisamente por eso, una responsabilidad mayor. Investigar sin ocultar, informar sin exhibir, proteger a la mujer involucrada y garantizar la defensa de Valle. La autonomía universitaria pierde sentido si una pantalla termina eligiendo culpables, inocentes o rectores antes que sus procedimientos y sus electores.
El autor es Docente emérito de la cátedra de Opinión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés.