La improvisación como una regla cultural

La reciente tragedia ocurrida en el festival musical Saracho Fest, de la ciudad de Oruro, ha vuelto a desnudar una dolorosa realidad en Bolivia. La organización de eventos masivos sigue marcada por la improvisación. La ausencia de planes de emergencia como instrumento preventivo y la débil fiscalización de las autoridades competentes nuevamente sale a la palestra. Lo que debía ser un espacio de música, encuentro y alegría de estudiantes terminó en luto, con familias destrozadas por la pérdida irreparable de sus seres queridos.
Los informes preliminares revelan que no existía un plan de emergencia con procedimientos claros, ni personal capacitado para responder ante este incidente. La falta de rutas de evacuación seguras, la deficiente señalización y la carencia de un plan integral de seguridad fueron detonantes que agravaron la situación.
No se trata de un hecho aislado, es un patrón que se repite cada año en fiestas patronales, ferias y conciertos, donde la vida humana queda relegada a un segundo plano frente a la lógica del lucro y la desorganización. Recordemos el antecedente de la Feria Internacional de Potosí, donde una avalancha humana provocó la muerte de dos jóvenes. Y se confirma con la tragedia reciente del Saracho Fest en Oruro, en el que nuevamente dos jóvenes perdieron la vida. Son dos escenarios distintos, pero con un mismo denominador, la improvisación en la atención de las víctimas y la ausencia de un plan de emergencia.
Asimismo, la permisividad de las autoridades ha convertido a la normativa en un simple formalismo. Disposiciones como la Ley Nº 264 de Seguridad Ciudadana, el Decreto Supremo 2.636, que regula la organización de espectáculos públicos, o incluso la Resolución Ministerial de Educación 001/2025, que establece lineamientos básicos para eventos estudiantiles y juveniles, terminan reducidas a papeles inservibles que nadie aplica en la práctica. La tragedia del Saracho Fest demuestra que la normativa existe, no obstante, la negligencia en su cumplimiento se hace evidente.
De acuerdo con el DS 2.636, la Dirección Departamental de Bomberos de la Policía Boliviana debe validar los planes de emergencia y verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad. A su vez, la Policía Boliviana tiene la responsabilidad de autorizar el evento, para que finalmente la Alcaldía Municipal otorgue la autorización definitiva a los organizadores. Esta cadena de responsabilidades debería garantizar que cada festival cuente con medidas de prevención efectivas. Sin embargo, en la práctica, el procedimiento se reduce a un trámite burocrático, donde los sellos y las firmas de la Alcaldía, pesan más que la seguridad real de los asistentes, omitiendo la validación de autoridades competentes y llamadas por ley para validar los planes de emergencia, como Bomberos de la Policía Boliviana.
La seguridad y la vida de nuestros jóvenes estudiantes no son negociables, los festivales estudiantiles no necesariamente deben ser prohibidos, pues forman parte de la vida cultural y académica; pero tampoco pueden seguir realizándose en medio de tantas falencias, sin que alguien actúe. Mirar hacia otro lado ante estas deficiencias nos convierte, inevitablemente, en cómplices de futuras tragedias.
Cuando la autoridad calla ante la improvisación, la música se apaga y lo que resuena es el eco del dolor y la complicidad.