La victoria electoral de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) en 2005 marcó un hito en la historia. Con el 53.7% de los votos, Morales se convirtió en el primer presidente “indígena” del continente, con un proyecto político claro: la “refundación” del Estado y la transformación de sus instituciones. Este triunfo no fue solo un cambio de gobierno, sino la culminación de un proceso social gestado durante décadas, impulsado por movimientos sociales, como las “guerras” del agua y del gas.
La llegada del MAS al poder significó que, por primera vez en 181 años de historia republicana, las mayorías indígenas accedían al control del aparato estatal con su propia visión política, basada en sus cosmovisiones y experiencias. Esto representó la reconstitución de sujetos políticos que históricamente habían sido marginados desde la fundación de la república, un cambio radical en la dinámica de poder en el país.
El diagnóstico del MAS sobre el sistema judicial coincidió con la percepción ciudadana: una estructura colonial, excluyente, corrupta, lenta e ineficiente, El partido de gobierno argumentó que la justicia funcionaba al servicio de las élites tradicionales, reproduciendo exclusiones históricas. No se trataba solo de problemas técnicos, sino de una crisis estructural, con raíces en una concepción eurocéntrica del derecho, que negaba las formas jurídicas indígenas.
La lentitud y corrupción no eran problemas aislados, sino manifestaciones de un sistema diseñado para servir a una minoría privilegiada. La propuesta del MAS era que reformar un sistema tan profundamente defectuoso era imposible, se necesitaba una transformación radical desde sus cimientos.
La propuesta del MAS se enmarcó en un proyecto más amplio, de construir un “Estado Plurinacional” que reconociera la diversidad jurídica y cultural del país. Este proyecto se basó en dos pilares: la “nacionalización de la justicia” y la “descolonización del derecho”. La nacionalización buscaba democratizar el acceso a la justicia y eliminar barreras económicas y culturales, mientras que la descolonización implicaba reconocer los sistemas jurídicos indígenas con la misma validez que el derecho occidental.
La nueva Constitución Política del Estado de 2009, aprobada por referéndum popular, fue un cambio sin precedentes, no se limitó a reformar el orden jurídico-político, sino que refundó el Estado. Bolivia dejó de definirse como una nación homogénea, para reconocerse como un Estado conformado por múltiples naciones y pueblos con igual jerarquía constitucional.
Las transformaciones en el sistema judicial fueron innovadoras, el nuevo modelo constitucional rompió con el monismo jurídico histórico al reconocer que en el país coexisten múltiples sistemas legales con su propia legitimidad. La Constitución estableció el pluralismo jurídico y la interculturalidad como principios fundamentales, una innovación en América Latina.
La Constitución estableció un sistema de justicia plural, con una nueva arquitectura institucional. Fueron creados órganos como el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Además, reconoció formalmente la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) con la misma jerarquía que la jurisdicción ordinaria. Esta coexistencia de sistemas legales marcó un quiebre histórico con la negación de los sistemas normativos indígenas.
Como parte de la transformación, el gobierno del MAS propuso elecciones para designar a las altas autoridades judiciales. Esta iniciativa buscaba democratizar un sistema históricamente corrupto y elitista, argumentando que la legitimación directa por voto popular garantizaría la independencia de los magistrados.
El diseño de las elecciones combinó la participación popular con filtros técnicos y políticos, con los candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este modelo híbrido, sin embargo, generó controversias desde el principio, ya que la selección parecía estar subordinada a los intereses del partido político dominante, cuestionando la verdadera independencia de los candidatos.
Los resultados de las elecciones judiciales han sido decepcionantes. En las primeras elecciones de 2011, el voto nulo y en blanco alcanzó el 60%, un claro signo del rechazo ciudadano a un proceso percibido como manipulado políticamente. Las autoridades electas han sido vistas como subordinadas al poder político, y no como magistrados independientes, lo que ha profundizado la crisis de legitimidad de la justicia boliviana en lugar de resolverla.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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