No hace falta ser un experto en tecnología para percibir que algo ha cambiado en las contiendas electorales contemporáneas. De pronto, la proliferación de contenidos falsos, generados mediante inteligencia artificial, se ha convertido en una fuente constante de zozobra para la ciudadanía. Este fenómeno contamina directamente el debate democrático y debilita un pilar fundamental: el derecho a formarse una opinión libre a partir de información transparente. Por ello, resulta urgente que los actores políticos, electorales y tecnológicos alcancen acuerdos regulatorios claros.
La preocupación no es abstracta, por ejemplo, en el II Seminario Regional “Inteligencia Artificial y Gestión Electoral en América Latina y el Caribe” (julio de 2026), donde participaron delegaciones de veintiún países, se advirtió que la inteligencia artificial está reconfigurando las elecciones, alimentando una peligrosa ola de desinformación y deepfakes que cuestiona la legitimidad democrática. A saber, Bolivia se ha convertido en un caso de estudio ilustrativo de cómo estas herramientas se despliegan agresivamente durante una campaña electoral real.
Durante la primera vuelta de las elecciones generales de 2025, la organización Bolivia Verifica documentó cómo el ecosistema digital se inundó de contenidos falsos. Entre los casos más emblemáticos destacaron un audio falso sobre un supuesto golpe de Estado, un deepfake que atribuía al entonces presidente Luis Arce el aval a una plataforma inexistente, y videos manipulados que involucraban a figuras internacionales y nacionales para distorsionar la voluntad ciudadana.
Comprender el problema exige analizar su mecánica de distribución, donde TikTok lideró como la red de mayor circulación audiovisual, seguida por Facebook y WhatsApp. Es decir, esta preferencia visual potencia el daño debido al efecto de verdad ilusoria. Un fenómeno psicológico documentado en Ecuador, que aumenta la credibilidad percibida de la información falsa tras exposiciones repetidas ante una baja confianza en la verificación.
A este sesgo cognitivo se suma una dimensión financiera y estratégica evidente. Pongamos por caso, la investigación reveló operaciones de desinformación masiva, financiadas con recursos significativos en publicidad de Facebook, para atacar a candidatos específicos, desmintiendo la idea de un fenómeno orgánico y confirmando la existencia de campañas planificadas con objetivos políticos precisos.
Un panorama similar se observa en el Cono Sur, sin ir más lejos, en Argentina, donde la magnitud de los videos falsos motivó acciones de amparo colectivo y decenas de denuncias ante la Fiscalía Nacional Electoral, durante las legislativas de 2025, evidenciando un patrón recurrente de contenidos emocionales difundidos en la víspera de los comicios para limitar cualquier respuesta institucional oportuna.
Frente a esta crisis, América Latina ha ensayado respuestas normativas dispares, valga como ejemplo, Brasil encabeza los marcos más avanzados desde 2024 mediante resoluciones de su Tribunal Superior Electoral que prohíben los deepfakes y exigen responsabilidad a las plataformas. Mientras que otros países dependen de la aplicación analógica de códigos tradicionales obsoletos ante la velocidad tecnológica.
Esta disparidad refleja la dificultad técnica de legislar sobre dinámicas digitales aceleradas. No obstante, iniciativas de diálogo impulsadas por organismos como IDEA Internacional y el respaldo mayoritario de la ciudadanía a una regulación estricta, demuestran que existe una base social propicia para consolidar acuerdos normativos mucho más ambiciosos en la región.
En el ámbito interno, el fortalecimiento institucional previo impulsado por el PNUD y coaliciones nacionales dejó precedentes valiosos en materia de análisis comparado y cooperación. Sin embargo, los hechos demostraron que la coordinación interinstitucional resulta insuficiente si no se traduce en marcos regulatorios vinculantes y mecanismos de respuesta inmediata.
La experiencia regional demuestra que ni la autorregulación corporativa ni los verificadores aislados bastan por sí solos, o sea, es preciso articular leyes con canales de reporte ágiles en las redes sociales, respaldados por un compromiso ético explícito de los partidos políticos para renunciar al uso de la desinformación como arma ventajosa de campaña.
La desinformación digital exige una respuesta integral que combine normas claras, respuesta tecnológica rápida, verificación ciudadana y un pacto político genuino. En suma, solo mediante un acuerdo colectivo y sostenido en el tiempo se logrará blindar los procesos electorales, garantizando que la ciudadanía confíe en que su voto responde a la realidad y no a fabricaciones artificiales.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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